El 19 de mayo de 1986, a poco más de dos años de la recuperación democrática, Córdoba estuvo al borde de un magnicidio. Ese lunes frío, el entonces presidente Raúl Alfonsín tenía previsto visitar el Tercer Cuerpo del Ejército, pero dos horas antes de su llegada una bomba fue descubierta casi de milagro.
El hallazgo ocurrió en un contexto de enorme tensión política y militar. Hacía pocos meses se había realizado el Juicio a las Juntas y las Fuerzas Armadas atravesaban un clima interno convulsionado que terminaría de estallar en Semana Santa de 1987.
Alfonsín viajaba a Córdoba para intentar recomponer vínculos con sectores castrenses. Lo que nadie imaginaba era que, antes del recorrido de la comitiva presidencial, dos policías encontrarían accidentalmente un artefacto explosivo cerca de una alcantarilla.
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La bomba tenía un mortero con dos kilos y medio de TNT y dos panes de trotyl. El explosivo fue desactivado por Miguel Ángel Arce, integrante de la Brigada de Explosivos de la Policía, en una maniobra de altísimo riesgo.
El hallazgo y la desactivación
En un informe de Telenoche, el periodista Néstor Ghino entrevistó a Marcos Arce, hijo del policía que desactivó la bomba. Según relató, el hallazgo fue completamente fortuito.
“La historia cuenta que había una dotación, el oficial Carlos Primo con el suboficial Hugo Velázquez, los cuales por dichos que yo no podría asegurar tenían unas necesidades fisiológicas, entonces acceden a un sector del predio donde se encuentran con un artefacto explosivo”, contó.
Marcos recordó que su padre actuó con los recursos disponibles en ese momento. “Tuvo la valentía de acuerdo a los conocimientos de poder poner en práctica, ante una situación en crisis, todas las maniobras para poder desactivarla y la desactivó, sacó el detonador para que quedara fuera de servicio como quien dice y poder ser manipulado”, explicó.
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El procedimiento era muy diferente a los protocolos actuales. “En esa época no tenían las técnicas actuales donde a un explosivo le colocan una campana para hacer la detonación, entonces se trabajaba a campo abierto y con el riesgo que eso implica”, señaló.
Una explosión que pudo ser fatal
Después de desactivar el artefacto, la bomba fue resguardada para su análisis. Marcos Arce recordó que el explosivo estaba ubicado en una zona clave del recorrido presidencial.
“En el recorrido previo había una alcantarilla por donde iba a pasar la comitiva. Estaba a una distancia de esa alcantarilla, a unos 70 u 80 metros”, indicó.
Según su testimonio, cuando más tarde se hizo la reconstrucción y la detonación controlada, el proyectil demostró un enorme poder destructivo. “Se pudo hacer la reconstrucción del hecho y poder demostrar cómo pasó que el proyectil estalló y tuvo un radio de 200 metros de onda”, remarcó.
Sobre el lugar elegido para colocar la bomba, fue contundente: “Estaba ubicada para que dentro de ese radio todo lo que pasara por encima del callejón donde estaba ubicada la alcantarilla quedara sin vida”.
Presiones, miedo y silencio
La Justicia nunca investigó en profundidad lo ocurrido. De acuerdo al testimonio de la familia Arce, tras el episodio hubo presiones para minimizar el funcionamiento del explosivo.
“Él sentía la presión que querían que dijera que no funcionaba, pero él con sus principios entregó el procedimiento y a posterior se pudo hacer la reconstrucción del hecho”, relató Marcos sobre su padre.
Después llegaron el miedo y las consecuencias dentro de la fuerza. “Nos tocó vivir cosas complicadas. Para tener seguridad nos tocó ir a nuestros parientes que siempre recuerdan”, afirmó.
Marcos aseguró que siente orgullo por lo que hizo su padre, aunque lamentó el trato que recibió después del episodio. “Lo único que no pude ver en él fue la posibilidad de volver a formarse porque producto de esta situación, a dos meses de haber salvado al presidente de la Nación, le tocó que lo sacaran de la Brigada y lo pasaran a una comisaría sin dar fundamentos”, expresó.
Consultado sobre si la intención era que su padre se fuera de la fuerza, respondió sin dudar: “Sí”. En aquel momento, el jefe del Tercer Cuerpo del Ejército era Ignacio Verdura, quien debió renunciar. Años más tarde fue condenado a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad. El fallido atentado contra Alfonsín, en cambio, quedó marcado como una de las grandes sombras nunca esclarecidas de la democracia recuperada.
