El legislador Ramón “Cañito” Flores, representante del departamento Río Seco por Hacemos Unidos por Córdoba, quedó nuevamente en el centro de la polémica por la situación judicial de dos personas que trabajaron como sus asesores. Uno de ellos es José Aníbal Ricardo Villarreal, detenido por abuso sexual con acceso carnal y grooming en perjuicio de tres adolescentes de 13 años.
El otro caso es el de Ariel Alejandro Rodríguez, condenado a 3 años y 6 meses de prisión efectiva por usurpación y peculado. Pese a que la condena está firme, continuó como asesor de Flores hasta el 13 de agosto pasado.
Ante los interrogantes sobre los controles para incorporarlos a la Legislatura, el secretario administrativo Nicolás Albrisi dio explicaciones en Arriba Córdoba. Sobre Villarreal, aseguró: “El legajo tiene su integridad, está completo, tiene su certificado de antecedentes sin antecedentes”.
+ VIDEO: la explicación del secretario administrativo de la Legislatura:
Los controles de la Legislatura
“Ningún proceso puede anticipar conductas”, sostuvo Albrisi al referirse al caso del exasesor detenido. También señaló que desde la Secretaría Administrativa ya venían trabajando en modificaciones para reforzar los requisitos de ingreso.
“Tomamos la decisión de intensificar un poco más los controles a partir de documentación adicional”, indicó. Entre las nuevas exigencias mencionó la presentación de certificados de antecedentes tanto nacionales como provinciales y la constancia de no figurar como deudor alimentario, que deberá renovarse cada seis meses.
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Al ser consultado sobre si habían fallado los mecanismos vigentes, respondió: “Yo no diría que fallaron los controles, diría que un sistema no puede anticipar conductas”.
La situación de Rodríguez
En cuanto a Rodríguez, Albrisi confirmó que dejó de pertenecer a la Legislatura el 13 de agosto de 2026 y que había ingresado a fines de 2023. “Esa persona tiene su legajo en iguales condiciones que el caso anterior y ya no pertenece a la Legislatura, no es empleado, fue dado de baja”, expresó.
Rodríguez había sido empleado de Epec y, según publicó Cadena 3, el expediente judicial señala que utilizó herramientas y móviles de la empresa para usurpar un campo ubicado en Río Seco. Por esos hechos fue exonerado de la compañía y posteriormente condenado por usurpación y peculado.
