La defensa de Oscar González presentó un planteo ante la Cámara del Crimen de Villa Dolores para que se declare la nulidad de los alegatos realizados por los abogados querellantes en el juicio por la tragedia vial de las Altas Cumbres.
La presentación fue realizada por los abogados Miguel Ángel Ortiz Pellegrini y Eduardo Santiago Caeiro ante el tribunal presidido por Santiago Camogli. El planteo llegó después de las exposiciones del martes, cuando los representantes de las víctimas formularon sus pedidos contra el exlegislador.
Uno de los cuestionamientos apunta al alegato de Lucas Cocha, quien se refirió al hecho juzgado e insistió con modificar la calificación legal a homicidio simple con dolo eventual, planteo que ya había sido rechazado anteriormente por la fiscalía. La defensa señaló que Cocha no realizó un pedido concreto de pena contra González y esa omisión invalida su acusación. Este punto incluso fue advertido por el juez Camogli en plena audiencia.
También objetaron la exposición de Germán Romero Marcón, quien solicitó 10 años de prisión por homicidio simple y, de manera subsidiaria, seis años por homicidio culposo agravado, además de 10 años de inhabilitación especial para conducir.
Para los abogados, Romero Marcón pidió una condena sin desarrollar el análisis de las pruebas ni fundamentar la responsabilidad atribuida a González. Además, sostuvieron que no puede considerarse que las intervenciones de ambos abogados se complementen, ya que representan a damnificados distintos y actúan con personerías independientes.
Pedido de apartamiento a un querellante
La defensa también pidió que se declare el desistimiento de la querella representada por Emiliano Binante, quien actuaba en nombre de Vera Szulewicz, en representación de su madre, Alejandra Bengoa.
El argumento es que Binante no se pronunció durante la instancia de alegatos. Según el planteo presentado por los abogados de González, esa falta de intervención implica el abandono de su rol como querellante particular en esta etapa del proceso.

Además, Ortiz Pellegrini y Caeiro dejaron planteada una reserva de caso federal ante una eventual decisión del tribunal que convalide las exposiciones cuestionadas, con la posibilidad de recurrir posteriormente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En paralelo, la fiscal Analía Gallaratto mantuvo la acusación contra González por homicidio culposo agravado y pidió una condena de tres años y diez meses de prisión, junto con 10 años de inhabilitación para conducir.



