La sentencia contra Oscar González dejó sensaciones encontradas después de dos meses y medio de juicio en Villa Dolores. Fue declarado responsable por la tragedia de las Altas Cumbres, pero la pena de tres años de prisión condicional le permitirá seguir en libertad. Por sus efectos concretos, el resultado alimenta la lectura de una condena que, por ahora, parece quedar a medida del exlegislador.
El fallo tampoco cumplió con las pretensiones económicas de las víctimas. Las demandas civiles fueron admitidas solo parcialmente y los resarcimientos fijados quedaron por debajo de los montos reclamados durante el juicio.
Lejos de cerrar el expediente, la resolución abrió otro capítulo. Tanto la defensa de González como los abogados de las víctimas anticiparon que apelarán, por lo que la discusión continuará ante Casación.
La definición llegó después de un juicio atravesado por el peso político del acusado, un dirigente que ocupó distintos cargos durante décadas en Córdoba. Afuera de los Tribunales de Villa Dolores, la tensión terminó en empujones, golpes y huevazos durante la salida de González, protegido por un fuerte operativo policial.
Dentro de la sala, uno de los pasajes más llamativos fue el duro cuestionamiento del juez Santiago Camogli a los abogados querellantes Germán Romero Marcón, Emiliano Binante y Lucas Cocha. El magistrado sostuvo que sus alegatos tuvieron “serias deficiencias”.
Camogli explicó que Cocha analizó la prueba pero no formuló un pedido de pena, mientras que Romero Marcón pidió una condena sin realizar una valoración de los elementos incorporados al juicio. Sobre Binante afirmó que fue el único que realizó “un alegato conforme a derecho”, aunque también encontró objeciones.
El principal problema, según el juez, fue que la querella pretendió condenas por delitos por los cuales González no había sido indagado. “Tiene que haber una congruencia entre el hecho que se acusa que permite una defensa y el hecho por el cual se pide una condena. En este caso no existió”, afirmó.
El intento que, según Camogli, ni siquiera llegó a empezar
El magistrado cuestionó además la estrategia para intentar llevar la acusación hacia una figura más grave. “Los letrados pidieron un cambio de calificación legal, ese no es el trámite, el trámite es una ampliación de la acusación”, señaló.
Según Camogli, la querella debía proponer una nueva redacción del hecho para avanzar con un delito doloso y, de manera subsidiaria, otra que contemplara una conducción temeraria. “No ocurrió. Eso impidió ni siquiera iniciar el trámite, no sé si hubiera sido exitoso el intento de modificar pero ni siquiera se intentó”, remarcó.
Las críticas fueron todavía más amplias cuando habló de las acciones civiles. El juez mencionó una “orfandad probatoria alarmante” y sostuvo que “la tarea del abogado no puede limitarse a pedirle al juez que supla sus deficiencias”. Incluso anticipó que remitirá los antecedentes al Tribunal de Disciplina de Abogados para que revise la actuación de los querellantes.
Un fuerte respaldo a la fiscal y un reproche a la defensa
La valoración fue muy distinta para la fiscal Analía Gallaratto. Camogli destacó que el trabajo de ella y de su equipo fue determinante para llegar al juicio y aseguró que durante la investigación sufrió ataques “machistas, misóginos, falaces y con un nivel de violencia alarmante”.
También apuntó a la defensa de González, encabezada por Miguel Ortiz Pellegrini y Eduardo Caeiro. “Hubo una violenta intención de apartarla de la causa por cualquier medio, denuncias falsas incluidas”, sostuvo antes de expresar su “respeto” y “reconocimiento” hacia Gallaratto.
Lejos de cerrar la confrontación, el fallo reavivó las diferencias entre las partes y abrió una nueva etapa de disputa judicial. Las apelaciones anunciadas llevarán la discusión a Casación, mientras que los fundamentos completos de la sentencia se conocerán el 12 de noviembre.