El del censo no es un día cualquiera. Es un día de fiesta para quienes queremos contar con información que ayude a entender mejor cómo es el rincón del planeta que habitamos, a describir en qué tipo de entorno material se desenvuelven las vidas de los integrantes de esta sociedad, a definir qué esfuerzos estatales merecen prioridad.
Todo tipo de políticas públicas deberían elaborarse en función de los datos que aporta un censo. Con los resultados del operativo en la mano habrá que preguntarse cuán lógico es subsidiar la mayor parte de la factura de la energía eléctrica de quienes viven en casas con 3 baños o más si al mismo tiempo hay millones de personas que no cuentan aún con cloacas.
O revisar la legislación que regula el empleo formal cuando una porción muy grande de la población en relación de dependencia no tiene aportes jubilatorios. Apenas un par de ejemplos entre cientos que podrían darse.
Sobra la evidencia de que los censos anteriores fueron poco aprovechados. Córdoba lo sabe. En la cámara baja del Congreso la provincia está subrepresentada, en una violación de la mismísima Constitución Nacional. Desde el regreso de la democracia es el cuarto distrito por bancas en Diputados (tiene menos legisladores que Buenos Aires, Santa Fe y la CABA) pese a que hace dos censos que está en el segundo lugar en el ranking de población.
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Y el artículo 45 de la CN establece que “después de la realización de cada censo, el Congreso fijará la representación con arreglo al mismo, pudiendo aumentar pero no disminuir la base expresada para cada diputado.” Es decir, Córdoba debería tener más bancas que las que tiene. Por encima de CABA y Santa Fe. A la hora de elegir representantes, los votos de los ciudadanos de Córdoba valen menos que los de los habitantes de otros distritos.
Esta distorsión no se corrige por falta de voluntad política, por temor al previsible reproche de que lo que se busca es crear más cargos. Otro triunfo del simplista discurso de la “antipolítica” que domina la discusión pública desde hace décadas. La dirigencia de Córdoba (todos, oficialismo y oposición provincial) debería estar armando la estrategia para exigir que se corrija esta discriminación con los datos del nuevo censo en la mano.
