Tras prohibir las dobles candidaturas y a meses de las elecciones municipales, un concejal del oficialismo impulsa una nueva condición para aquellos que quieran postularse a intendente. El proyecto de ordenanza busca que quienes participen de la elección deban realizarse una rinoscopía para descartar el consumo de cocaína.
En Arriba Córdoba el concejal Diego Casado, de Hacemos por Córdoba, aseguró que la iniciativa apunta a garantizar que “el funcionario atienda como corresponde al vecino y no alucinado”. Y habló de la “probidad y decoro” necesarias para “el ejercicio de la función pública”.
También sostuvo que se espera evitar relaciones de complicidad entre el poder político y el narcotráfico.
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La medida alcanzaría a candidatos a intendente, viceintendente, concejales titulares y suplentes y tribunos de cuenta. “Inicialmente es sólo para los candidatos pero abre la puerta para hacerlo extensivo a funcionarios del poder Ejecutivo”, indicó. Y remarcó que el proyecto cuenta con el respaldo del actual intendente, Martín Llaryora.
Críticas de la oposición
Casado también se refirió a las críticas que el proyecto recibió desde la oposición: “Habrá a alguno al que lo pondrá nervioso, desconozco”.
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“No sé por qué hablan de campaña sucia si ellos mismos lo aprobaron con despacho favorable en comisión”, agregó. E insistió en que la medida “no apunta contra alguien” sino que busca “efectivizar” el ejercicio de la función pública.
Polémica
Al ser consultado sobre el aspecto privado del consumo, el funcionario reconoció la existencia del fallo Arriola. Cabe recordar que en 2009 la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la penalización de la tenencia para uso personal.
Sin embargo, justificó: “Cuando se ejerce una función pública el consumo deja de ser privado y empieza otra cuestión, que tiene que ver con el uso ostensible de estupefacientes, que recibe una reprimenda punitiva”.
Por último, cuando el periodista Roberto Battaglino le preguntó si la iniciativa no debería también prohibir que los abogados que ocupen cargos públicos no puedan ejercer la defensa jurídica de acusados de narcotráfico, para evitar la complicidad mencionada entre la política y las mafias, Casado se mostró en desacuerdo.
“Muchos ejercemos la actividad privada porque rige el principio de inocencia, mezclar las dos cosas no me parece correcto”, argumentó.
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