La Corte Suprema de Justicia rechazó por unanimidad los 12 pedidos de Cristina Fernández de Kirchner para detener el juicio en su contra por presunta corrupción en la obra pública. Estaban relacionados al direccionamiento de los contratos viales a favor de Lázaro Báez. El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) continuará con el debate oral porque pretende dar un veredicto antes de fin de año.
Con el rechazo a los planteamientos, los ministros de la Corte, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, avalaron el juicio que inició en 2019.
Dichos planteos, presentados por el abogado de CFK, Carlos Beraldi, eran fundamentales porque buscaban dejar sin efecto el debate oral y público. En una de esas solicitudes, la vicepresidenta pedía una pericia contable de la obra pública de todas las provincias. La Corte se negó "por falta de sentencia definitiva".
+ MIRÁ MÁS: Una familia de cuatro integrantes necesitó casi 100 mil pesos en mayo para no ser pobre
En cambio, el Tribunal aprobó el peritaje de cinco obras emblemáticas asignadas a Báez que ya arrojaron como resultado sobreprecios de 170 a 200 millones de dólares. También demostraron que el empresario K no tenía la capacidad técnica para ganar esos contratos y que las obras no se concretaron. La perito de Cristina Kirchner resolvió lo contrario para anular la prueba que indicaba sobreprecios.
"Se desestima el agravio referido a la posible afectación del derecho de defensa de la imputada, destacando que el tribunal oral se limitó a ejercer las funciones que le son propias y que también rechazó pruebas ofrecidas por los acusadores", dice el acuerdo de la Corte.
Por su parte, el Tribunal respondió: "Se descarta la existencia de “gravedad institucional”, señalando que no puede afectar “la buena marcha de las instituciones democráticas” el rechazo de un planteo que puede retomarse en instancias posteriores".
En la misma línea, la Corte desestimó que el Tribunal haya decidido no realizar las pericias en todas las licitaciones para “perjudicar a la expresidenta o convertir al debate en un remedo de juicio”.
+ IMAGEN: Los ministros de la Corte:
Otro planteo de Cristina Fernández de Kirchner en la Corte refería a la demanda que el gobierno de Mauricio Macri le inició por 22.500 millones de pesos. Para ella, ese juicio que corresponde al 50 por ciento de los supuestos contratos irregulares que tenía Báez, debe resolverse en Comodoro Py y no en la justicia Contencioso Administrativa.
La respuesta de la Corte fue determinante: “Carece de fundamentación suficiente” y no ve “gravedad institucional”. También indicaron que los actores judiciales resolvieron de acuerdo a sus tareas, y no como dijo la vicepresidenta que “lejos de velar por la vigencia de nuestra Constitución, se han plegado, con un inocultable interés político, a una desenfrenada e inédita embestida política, mediática y judicial”. Ese fue otro de los rechazos.
+ MIRÁ MÁS: “Garganta Profunda”: el fallido de Alberto Fernández que se viralizó
Otro reclamo de CFK, que fue apoyado por Báez, era que la causa debía resolverse en Santa Cruz. Sostenían que había un “doble juzgamiento” porque ya habían sido sobreseídos por un caso similar en el sur. Esto también fue denegado por la Corte "por falta de fundamentación autónoma" y por “no haber refutado los argumentos del tribunal oral para desestimar los planteos por falta de jurisdicción”.
Los ministros de la Corte sostuvieron que la expresidenta “no fue juzgada en sede provincial” y que su reclamo no tiene fundamentos que muestren similitudes entre la que se realizó en el sur y la que se desarrolla en Comodoro Py.
El juicio
El juez Julián Ercolini procesó a la vicepresidenta, a José López, a Carlos Kirchner, a Julio De Vido y a otros exfuncionarios K, junto a Lázaro Baéz por asociación ilícita y defraudación al Estado por presunto favorecimiento al grupo Austral.
Se les habrían adjudicado 51 contratos viales por 46 millones de pesos "plagados de irregularidades administrativas, sobreprecios y falta de controles".
La acusación sostiene que el gobierno kirchnerista y diversos organismos estatales montaron “una estructura funcional orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional (casi el 80%) de las obras viales adjudicadas en Santa Cruz". Eso representó la contratación de Lázaro Báez.
A la expresidenta se la apunta como la responsable de “diseñar la maniobra” y de "erigir a su amigo personal" como contratista.
El 11 de julio iniciarán los alegatos del juicio. Hay solo una querella: la Unidad de Información Financiera (UIF). Luego le tocará al Minsiterio Público Fiscal representado por Diego Luciano y Sergio Mola, que preparan una acusación contra CFK.
