El juez federal Claudio Bonadio procesó a Cristina Kirchner, acusándola de ser la jefa de una asociación ilícita que se dedicaba a cobrar coimas a empresarios para beneficiarlos con contratos de obra pública. El magistrado también embargó a la ex presidenta por cuatro mil millones de pesos y solicitó su desafuero para poder detenerla.
Además de la senadora, hay otros 41 procesados por los cuadernos de las coimas: tres de ellos son cordobeses. Se trata de los empresarios Aldo Roggio (Benito Roggio e Hijos), Gerardo Ferreyra (Electroingeniería) y Juan Carlos de Goycoechea (Isolux).
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Roggio y de Goycochea declararon como arrepentidos en la causa, reconociendo haber pagado sobornos a funcionarios kirchneristas. A pesar de su colaboración con la Justicia, Bonadio no los libró de culpa y se complicó su situación judicial, más allá de que luego puedan atenuarles la pena.
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En su fallo, Bonadio la acusó de ser coautora de recibir dádivas en 22 hechos y de cohecho pasivo (cobrar coimas) en cinco hechos, informó Clarín. Es su sexto procesamiento. Para el juez, hay pruebas de que los contratos de obra pública "estaban inflados en perjuicio del conjunto de los argentinos", con el objetivo de "enriquecer ilícitamente a funcionarios y empresarios corruptos".
Junto a la ex presidenta fueron procesados Julio De Vido (ex ministro de Planificación), Roberto Baratta (ex funcionario de ese ministerio), José López (ex secretario de Obras Públicas), el ex juez federal Norberto Oyarbide y el empresario Angelo Calcaterra (primo de Mauricio Macri), entre otros.