Las elecciones legislativas nacionales en Córdoba del año 2009, donde se eligieron nueve diputados y tres senadores, están en medio de una investigación por el polémico financiamiento de las campañas. La Cámara Nacional Electoral resolvió este martes que el juez federal electoral de Córdoba, Ricardo Bustos Fierros, cite a declarar a varios empresarios.
Estas importantes firmas, como Benito Roggio e Hijos, Boetto y Buttigliengo, Romero Cammisa, Electroingeniería, Regam, Aguas Cordobesas, entre otras, encabezan el listado de las compañías que están en la mira de la Justicia por los aportes a la campaña del PJ.
El fiscal federal, Enrique Senestrari, quien impulsó la investigación, sostuvo en diálogo con Cadena 3, que las penas que podrían recaer sobre estos empresarios serían “multas” y “en algunos casos, puede haber inhabilitaciones para cargos públicos”.
Por su parte, el Partido Justicialista se defendió de estas acusaciones. A través de un comunicado, aseguraron que “declararon oportunamente los ingresos y su origen en la Justicia Electoral Federal en tiempo y forma”. Además, insistieron en que “los ingresos son provenientes de aportes particulares en forma personal”.
