El 3 de noviembre se cumplirán 28 años de la explosión de la Fábrica Militar de Río Tercero y aún hay causas civiles por indemnizaciones que siguen abiertas porque jamás fueron pagadas. La Justicia sí cerró la causa penal tras considerar que se trató de un atentado y condenó a cuatro exmilitares.
Desde la explosión hasta la actualidad el Gobierno Nacional indemnizó a las víctimas por los daños materiales, los heridos y las siete muertes. Sin embargo, después se iniciaron 10 mil demandas para exigir el pago, de las cuales aún quedan 8 mil.
Mario Ponce, abogado defensor de los demandantes, explicó en Arriba Córdoba que “esto empezó como un proceso judicial y culminó con la ley que se sancionó en 2015 por la lucha de los damnificados”.
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Y siguió: “La ley contemplaba el pago de todos los rubros que hubieran sufrido daños, de estas personas específicamente daño moral, emergente y psicológico”. Según dijo, el cálculo de la deuda indica que cada víctima debe recibir 3 millones de pesos, unos 24 mil millones en total. “No es una suma caprichosa, sino que surge de un cálculo que prevé la ley sancionada en 2015 y reglamentada en 2018 con una fórmula especial”, indicó.
Ante el incumplimiento de la indemnización, Mario Ponce acudió a la Justicia y el juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa, ordenó al Estado que haga efectivos los pagos. “El Estado está teniendo una actitud contradictoria entre la realidad y los dichos porque se ha prometido muchas veces, se ha engañado a las personas, se les ha mentido”, apuntó.
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El letrado también señaló que los mismos funcionarios del Gobierno nacional que sancionaron la ley y “se conmovieron porque daban a entender una comprensión absoluta, después han ocupado lugares estratégicos en el poder y se han ocupado de no pagar indemnizaciones”.
Para Ponce, la causa debería llamarse “el Estado nacional contra los damnificados de Río Tercero”, ya que las víctimas cumplieron con lo que exigía el Ministerio de Defensa y aún así no han sido indemnizados.
Por último, subrayó que “en 2021 se notificó a 500 personas para que fueran a firmar el requerimiento de pago y les pagaran, y de ahí no se supo más nada”. “A su vez, el juez le ordena al Estado que pague, pero el Estado lo que hace es oponerse y apelar. Es una máquina de entorpecer”, criticó.
