El proyecto de resolución fue impulsado por el gobierno argenntino, enfrentado en una batalla legal con los acreedores esquivos a renegociación la deuda externa.
La votación de la resolución condenó el proceder de los holdouts y busca crear un marco legal para la reestructuración de las deudas soberanas.
La iniciativa establece que en la reestructuración entre privados, si una mayoría acepta el arreglo propuesto por el deudor (en estos casos, un gobierno), el resto debe acogerse a esa decisión.
También impide que el acreedor siga litigando ante tribunales particulares, sino está en un todo de acuerdo con las mayorías.
Los países que votaron negativamente fueron Estados Unidos, Israel, Canadá, Japón, Alemania e Inglaterra. Rusia votó a favor.