Con la intención de bajar los costos patronales y generar más puestos de trabajo formales, el ministro de trabajo Jorge Triacca enviará la semana que viene al Congreso una iniciativa para cambiar el régimen laboral actual.
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Contando con el aumento del número de legisladores de Cambiemos y aliados a la política del gobierno después del 10 de diciembre, la propuesta sería tratada por la nueva composición del poder legislativo. Trascendió que los objetivos principales del proyecto son reducir los litigios judiciales, limitar las indemnizaciones y bajar los aportes de los empresarios.
La reforma laboral busca desalentar los juicios de los trabajadores
Éstas serían las acciones contenidas dentro de la reforma laboral:
- Redefinir el concepto de salario: los beneficios, como el uso del celular o un vehículo, no tendrían alcance remuneratorio. En consecuencia, no formarían parte de los cálculos indemnizatorio.
- Limitar el alcance de la solidaridad empresaria: las demandas judiciales deberán entablarse a las organizaciones donde el trabajador se desempeña, desligando de responsabilidad a las compañías principales o contratantes de otras empresas.
- Reducir la industria del juicio laboral: se haría con la redacción de normas claras, evitando doble interpretaciones, con la rebaja de los montos de las indemnizaciones por despido y el nombramiento de nuevos jueces en el fuero laboral.
- Incorporar 300 mil trabajadores a la formalidad: se otorgarían beneficios a los empresarios, pondrían límites temporales a la aplicación de multas por la falta de registración laboral y se establecería una especie de inmunidad para la patronal en las acciones penales.
- Incentivar la creación de nuevos puestos: el Tesoro Nacional aportará parte de los aportes patronales para empleados que ganen hasta 10 mil pesos.
- Acordar sector por sector: se apunta al blanqueo en los ámbitos de la construcción, el campo y la industria textil, con el ingreso al sistema legal de un millón de trabajadores durante los próximos tres años.
- Ampliar el alcance de los beneficiarios: sería para todos los sectores, universalizando la ayuda. En algunas regiones extremas del país, la ayuda oficial podría superar los 10 mil pesos al mes por dependiente.
- Transformar los planes sociales: en lugar de asistir a 280 mil personas sin trabajo, se pretende introducirlos en el mercado laboral, subsidiando parte de su salario.
- Intensificar controles: con el acompañamiento de los sindicatos se reforzarían las inspecciones y se crearía un organismo nacional y público para registrar y multar a los empleadores que contraten en negro.
- Modificación de los fondos jubilatorios de las cajas profesionales: el dinero que ingresa a sindicatos y entidades privadas, quedando por fuera del sistema de seguridad social, tendría un tratamiento especial.
- Revisar íntegramente el sistema jubilatorio: se plantea establecer una base de cálculo para modificar los haberes de los jubilados y pensionados adecuándolos a los períodos inflacionarios. Además se plantea subir la edad jubilatoria a más de 65 años para el hombre y 60 para las mujeres.
- Invitar a las provincias a participar de la ley de ART: el llamado es para todas las jurisdicciones, excepto Córdoba y la ciudad de Buenos Aires, que ya han adherido a la ley federal que regula los accidentes y enfermedades en el trabajo.
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