En la tarde del miércoles el gobierno de Javier Milei presentó al Congreso el proyecto de ley de la llamada “ley ómnibus”. Se trata del ambicioso plan del presidente que contiene 644 artículos que incluyen reformas laborales, impositivas, electorales y educativas.
El proyecto propone además una reforma en leyes clave para la protección del ambiente. Activistas, organizaciones y expertos mostraron su preocupación al respecto.
“El proyecto de Ley Ómnibus presentado es un golpe al corazón de la legislación de protección ambiental de Argentina” señalaron en X desde la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.
Las principales normas que modifica la ley ómnibus son la Ley de Bosques (26.331), la Ley de Protección Ambiental para Control de Actividades de Quema (26.562), y la Ley de Glaciares (26.639). Además introduce cambios en la pesca, la energía y propone una especie de mercado de carbono.
La modificación en la Ley de Bosques consiste en ampliar el permiso de desmonte a áreas que hasta ahora estaban protegidas. “Hoy los bosques nativos tienen una protección a través del ordenamiento territorial que hacen las provincias, por el cual se clasifican en tres categorías”, explicó Andrés Nápoli, director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
"La categoría I (roja) se refiere a áreas de máxima protección donde no está permitido el desmonte. En la categoría II (amarilla) también se prohíbe el desmonte pero se permiten algunas actividades, como el turismo. Dentro de la categoría III (verde) se pueden hacer desmontes cumpliendo ciertos requisitos. De ser aprobada, la ley ómnibus de Milei permitiría los desmontes en las áreas I y II. “Lo que busca es liberalizar la cuestión del desmonte”, agregó Nápoli.
La categoría roja tiene un alto valor, no solo de protección del monte, sino también de la fauna y el agua, señaló Natalia Langer, abogada especialista en ambiente. En muchas provincias como Salta, Chaco, Santiago del Estero e incluso Córdoba queda poco monte nativo. “Ya casi no queda monte y ahora vas a autorizar más desmontes, ¿qué va a quedar?” agregó Langer.
Otro cambio está en el financiamiento de la Ley de Bosques. Como explica Nápoli, la actual norma prevé un fondo como incentivo para las provincias que protejan estas áreas. Si bien ese fondo nunca fue integrado por completo, hasta ahora debía alimentarse con el 0,3% del presupuesto nacional y además un 2% de las retenciones a exportaciones de ciertos productos.
El proyecto de la ley ómnibus remueve esos dos puntos y el financiamiento pasa a ser discrecional según disponga el poder ejecutivo. “Los dos elementos que hacen a la ley de bosques, la prohibición y el fondo desaparecen con la ley propuesta”, explicó Nápoli.
Por otro lado, el proyecto de Milei introduce cambios en lo que se conoce como Ley de Quemas. Hasta ahora, si una persona quería quemar parte de su tierra para por ejemplo limpiarla, debía pedir autorización y recibir una confirmación explícita para poder realizarla.
La ley ómnibus propone que si no se recibe una respuesta en el plazo de 30 días hábiles, se considera que la quema ha sido autorizada. Esto presenta un mayor riesgo de que haya incendios, teniendo en cuenta que la mayoría son causados por la actividad del hombre. “La gente se confía, cambia el viento de un momento a otro y el fuego se descontrola”, manifestó Langer. “Para hacer quemas controladas necesitabas parámetros, mínimamente dar aviso a los bomberos, ahora parece que presentás y si no te dan respuesta podés quemar”, agregó la abogada.
El proyecto del Ejecutivo también propone modificar la Ley de Glaciares. De aprobarse, permitiría la actividad minera e hidrocarburífera en la zona periglaciar, lo que actualmente está prohibido. Es decir, se achica la zona de protección alrededor de los glaciares.
“Me parece la peor modificación de todas. Estamos hablando de parques nacionales con reservas de agua dulce, en donde se permitirían extracciones de hidrocarburos”, manifestó Langer. “Lo que el proyecto recoge es el reclamo de las provincias mineras de la argentina, sobre todo de la megaminería a cielo abierto y de las empresas”, explicó Nápoli.
Para Langer, la Ley Ómnibus es contradictoria con el principio de progresividad y no regresión del derecho ambiental. Esto implica que en esta materia no se puede legislar “para atrás”, sino que la protección debiera ser cada vez mayor. El principio de progresividad está incluido en la Ley General del Ambiente; y el de no regresión se encuentra en la jurisprudencia de la Corte Suprema a través de diferentes fallos.
Por su parte, sobre el mega proyecto del ejecutivo, Nápoli concluyó: “El espíritu de este proyecto es liberalizar la economía, que el sector privado tenga más relevancia y es muy difícil meter adentro de eso la cuestión ambiental, porque la cuestión ambiental es todo lo contrario. La protección del ambiente lo que requiere es de políticas públicas, de presupuesto y de políticas activas”.