¿Existió el llamado “narcoescándalo” o fue una jugada política para desestabilizar al gobierno de Córdoba? Si bien el origen de la causa fueron las declaraciones de un oscuro personaje como el “Francés” Viarnes (hoy detenido en Paraguay), el Tribunal Oral Federal Nº 2 condenó en 2016 a tres años y ocho meses de prisión a Gustavo Rafael Sosa, ex jefe de Drogas Peligrosas, por violación de los deberes de funcionario público. Quedó en libertad por haber cumplido los dos tercios de la condena y fue absuelto por las acusaciones más graves de asociación ilícita y privación ilegítima de la libertad.
Tres años después, la Cámara Federal de Casación Penal agravó las penas contra los cinco policías involucrados al considerar que se trató de una asociación ilícita. Desde este punto, y más allá de los reproches que la propia justicia federal le hizo a la investigación encabezada por el fiscal Senestrari, quedaron en evidencia los estrechos lazos entre policías y el mundo narco.
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Sin embargo, en forma paralela se montó una operación mediática a cargo del programa ADN que se emitía por Canal 10 y era conducido por Tomás Méndez y Santiago Gómez (actual director del CPC de barrio San Vicente). Así la describe Marcelo Castro, ex productor general de ese ciclo, cuando recuerda que su jefe (por Méndez) “se reunió por lo menos dos veces con el entonces Secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni en el despacho del fiscal Enrique Senestrari, en los tribunales federales del Parque Sarmiento”. Asegura que “fomentaban la idea de generar caos social a los fines de justificar una posible intervención a la provincia por parte de CFK, enfrentada a muerte con José Manuel de la Sota”.
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En otra oportunidad recuerda Castro, “Berni apareció con un bolso que contenía una abultada cantidad de dinero” (aunque no pudo precisar el monto), y de inmediato “lo cargué en la camioneta de Méndez que estaba en la cochera del edificio y por expreso pedido de Tomás”.
Según el ex productor del programa, cuando se conoció la noticia de la muerte del policía Juan Alós, Méndez lo llamó por teléfono “eufórico”. “Con esto me consagro…Gritaba como si hubiera hecho un gol Argentina”, sentenció Castro.
Testigos truchos, pagados y con libreto
En los fundamentos del Narcoescándalo, el tribunal dejó asentado un pedido de investigación contra el ex concejal Tomás Méndez, puesto que al declarar, el comunicador dijo estar “arrepentido”, según subrayó el juez Garzón.
Tal vez por eso, Castro lo define como “un sujeto nefasto al que sólo le importa el dinero y el poder”. “Su sueño era ser intendente de la ciudad”, recuerda.
Capaz de violentar cualquier límite ético, su anterior compañero de trabajo describió cómo se pergeñó aquella escena con un supuesto jefe de Drogas Peligrosas en un hotel de la calle Obispo Trejo, en Nueva Córdoba. “Era un policía raso –dice Castro- al que Méndez convenció para hacerlo pasar como supuesto testigo del secuestro y posterior asesinato de Alós”.
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“Se puso un uniforme que él mismo había sustraído de la Jefatura y que por cierto le quedaba chico. Como no querían grabarlo de espaldas, le tuve que dar mi gorro de lana para taparle la cabeza, y junto con Gómez le hicieron aprender el libreto de lo que tenía que decir. Le pagaron 10 mil pesos por esa nota”, advirtió el responsable de la producción de ADN. El destino quiso que ese mismo uniformado de apellido Juárez en el lapso de 7 años pasara de ser “testigo trucho en el narcoescándalo” a una suerte de “poliladron”. Ocurre que hace una semana fue detenido, acusado de vender por Facebook una costosa bicicleta que habría sido robada en un barrio semi cerrado de la zona sur.
Otro caso también reprochable fue el del perito Enrique Prueger que según Castro, viajó especialmente a Córdoba dos veces para grabar sus opiniones respecto a la marcha de las pericias por la muerte de Alós. “Estaba todo guionado y todo debía llevar a la conclusión de que el policía había sido asesinado. Era necesario generar caos, convulsión social para la intervención”, recalcó.
