Los reclamos por mejoras salariales empezaron en el mes de noviembre y las protestas de las esposas de policías se repitieron varias veces frente a la sede la fuerza, en la Av. Colón. Pero el episodio central empezó en la mañana del 3 de diciembre, horas después de que el gobernador José Manuel De la Sota viajara a Colombia para participar de un encuentro de intendentes y gobernadores.
Nunca llegó a destino: enterado de la crisis cuando hizo escala en Panamá, emprendió la vuelta casi de inmediato.
La situación se generó apenas 2 meses después de que estallara el “narcoescándalo”, una confusa trama en la que varios policías de la División Drogas Peligrosas aparecían involucrados en situaciones delictivas o irregulares con personajes del hampa y extraños agentes de inteligencia. También se encontró droga en la sede de la fuerza. Eso le había costado el puesto al jefe de la fuerza y al ministro de Seguridad de la provincia.
El acuartelamiento policial del día 3 de diciembre -tradicionalmente un mes caliente en la Argentina- desencadenó primero algunas medidas preventivas: se suspendieron las clases, el transporte público y los bancos, que no abrieron sus puertas ante la falta de adicionales.
Horas más tarde, hubo episodios aislados de saqueos en algunos supermercados de los barrios SEP e Ituzaingó, en el sur de la ciudad. Pero lo peor estaba por venir. Por la noche los robos protagonizados por grupos más o menos numerosos se multiplicaron por todos los puntos cardinales. Hubo algunas zonas más afectadas: zonas comerciales de Villa Libertador, las avenidas Colón, Fuerza Aérea, Donato Álvarez o barrios como San Vicente, entre otros.
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Apenas unos pocos policías seguían en funciones: la Caminera, parte de la Guardia de Infantería y el grupo táctico ETER.
En la provincia de Córdoba hubo un muerto y 200 detenidos. La víctima fatal fue Javier Rodríguez, de 20 años, quien estaba en las inmediaciones del supermercado Buenos Días saqueado en barrio Deán Funes. Nunca se pudo encontrar al autor del disparo de 9 milímetros, a pesar de que se peritaron todas las armas de los policías que estaban en la zona.
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Además, más de 450 comercios fueron robados y hubo decenas de intentos más.
La protesta finalizó al mediodía del día siguiente. El abogado Ortíz Pellegrini que representaba a un sector de los acuartelados anunció el acuerdo, con un aumento del 50% sobre el sueldo conformado inicial. Algunos amagaron con rechazar el convenio, pero quedaron en minoría.
En los días siguientes, a la vez que se recuperaba una pequeña parte del material robado y se hacían numerosas detenciones. A los pocos meses empezaron los juicios y se dictaron varias sentencias por robo.
En cuanto a los cabecillas de la protesta policial, también fueron llevados a la justicia. Finalmente, 56 de ellos fueron acusados por el fiscal por promover el acuartelamiento. Casi todos fueron condenados a penas de prisión en suspenso e inhabilitación.
Algunos supermercados estuvieron meses en reparación y algunos no volvieron a abrir. “Los empleados reconocieron entre los saqueados a clientes que iban todos los días. Se ha roto una relación y es irrecuperable”, dijo el dueño de una cadena cordobesa. Numerosos empleados y propietarios de pequeños comercios perdieron el empleo porque los locales quedaron destruídos o vaciados.
El episodio le costó el puesto al entonces jefe de la fuerza, César Almada y a la ministra Alejandra Monteoliva. Además, se sancionaron leyes que confirmaron la prohibición de acuartelamientos y la sindicalización, lo que fue respaldado por la Corte Suprema.
El gobernador De la Sota culpó a la mafia de los prostíbulos -clausurados poco tiempo antes- de gestar la rebelión y al gobierno de la Nación por no enviar ayuda cuando hacía falta. Recién hace pocos meses, 8 años después de aquellos episodios, la Justicia Federal de Comodoro Py absolvió a la ministra de Seguridad de la Nación Cecilia Rodríguez, su viceministro Sergio Berni y al jefe de Gabinete Jorge Capitanich por su actuación en aquellos momentos. Según el fallo, no quedó acreditado el pedido formal de ayuda por parte de las autoridades cordobesas a pesar de que el jefe de gabinete delasotista Oscar González dijo que llamó varias veces por teléfono a las autoridades para pedir auxilio.
Las protestas, y los aumentos otorgados, generaron un efecto dominó y casi todas las provincias del país vivieron situaciones similares con protestas policiales. En todo el país la ola de saqueos dejó un saldo de 10 muertos y más de 1.800 comercios saqueados.
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