El juez Luis Rodríguez demoró solo horas para cumplir la orden de La Cámara Federal porteña y pidió el desafuero de Julio De Vido a la Cámara de Diputados. Además, en caso de que dicha Cámara lo apruebe, solicitó al Ministerio de Seguridad la inmediata detención del ex ministro de Planificación.
Para que eso suceda, se necesita que dos tercios de los legisladores de la Cámara baja voten a favor de quitarle los fueros que protegen a De Vido por ser diputado.
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Tras la decisión del magistrado, el ex funcionario de Néstor y Cristina Kirchner tildó de "vergonzoso" el fallo de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones y, tal como lo había hecho la expresidenta horas antes en una entrevista televisiva, lo vinculó con las elecciones legislativas.
"Es el cierre perfecto para la campaña electoral de Cambiemos. Una campaña que comenzó con el pedido del fiscal Stornelli y concluye hoy con esta resolución", aseguró. "Esto es un nuevo paso de comedia que quieren montar como cuando me quisieron expulsar", manifestó De Vido en Twitter.
Un martes agitado. La Sala II de la Cámara Federal resolvió la medida por "riesgo de entorpecimiento" de De Vido en la causa donde se lo investiga por un fraude de más de 260 millones de pesos relacionado con obras inconclusas en la mina de carbón de Río Turbio.
La decisión fue tomada por los camaristas Martín Irurzun y Lepoldo Bruglia que hicieron lugar al pedido de detención del fiscal federal Carlos Stornelli. Por su parte, el tercer integrante de la Sala, Eduardo Farah, votó por el desafuero, pero no por su detención.
En julio, Stornelli había pedido la detención de De Vido y de Roberto Baratta, ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación. Según el fiscal, ambos fueron responsables de la "maniobra defraudatoria" porque el complejo minero "tiene un 70 por ciento menos de las galerías que lo proyectado" y "produce un 85 por ciento menos que lo establecido", pero no obstante "posee un 233 por ciento más de personal".
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Ahora, el futuro del exministro quedará en manos del Poder Legislativo que definirá si da lugar al pedido judicial o no.
