El paro de transporte urbano en Córdoba, que se llevó a cabo en junio pasado, dejó a miles de usuarios sin servicio durante 10 días. Un mes después, despidieron a 66 empleados, y un año más tarde, echaron a tres delegados.
José Fernández, presidente de Tamse, indicó en diálogo con ElDoce.tv que Sonia Beas, Erika Oliva y Luis Almada fueron notificados a través de un acta notarial con escribano público. Quedaron despedidos con causa por no acatar la conciliación obligatoria que se dictó durante la medida de fuerza y tomar el servicio.
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UTA Córdoba, UTA Nacional y el Ministerio de Trabajo iniciaron un juicio para sacarle la tutela sindical, luego fueron expulsados y desafiliados. "Después de reunir todos los requisitos y ponerlos en el expediente del juicio que habíamos iniciado, notificamos el despido a quienes iniciaron el paro", aseguró Fernández.
Además, reveló que no estaban al servicio de Tamse, pero tenían la obligación de pagarles durante todo este tiempo. "Ellos podrán o no realizar una apelación, pero para nosotros es un tema totalmente terminado. No los indemnizamos ni los reincorporamos, como tampoco hicimos con los 66 despedidos anteriormente", concluyó.
Por su parte, una de las exdelegadas, Erika Oliva, reveló que "nadie recibió la notificación en su casa y que se la dejaron abajo de un ladrillo". Además, consideró que "la empresa se adelantó y tomó una decisión arbitraria, ya que judicialmente no hay sentencia firme que diga que dejaron de ser delegados".
