El crimen de Joaquín Sperani en Laboulaye tomó relevancia nacional. Al chico de 14 años lo habría matado uno de sus mejores amigos, que tiene 13. El móvil del asesinato no está claro, pero el principal sospechoso confesó todo y ahora está alojado en el Complejo Esperanza de la ciudad de Córdoba.
Mientras avanza en la investigación, la situación judicial del acusado de asesinar a Joaquín todavía es una incógnita. Por ser menor de 16 años, es inimputable según el Régimen Penal de Minoridad. Entonces la pregunta es qué prevé la ley para alguien que mató y no puede recibir un castigo por su edad.
En octubre de 2022 se dio un caso que tiene similitudes con el que conmueve ahora en Córdoba. En Merlo, Buenos Aires, un chico de 13 años que estaba en situación de tutela judicial fue hallado asesinado a puñaladas y semicarbonizado en un descampado.
Días después del horroroso hallazgo, la Policía detuvo a dos menores de edad acusados del hecho: un joven de 17 y un adolescente de 14. La Justicia determinó, con el correr de la investigación, que ambos mataron por matar, por odio y por placer.
A partir de los primeros indicios obtenidos por los investigadores, los homicidas habrían planeado el crimen porque le tenían “bronca y odio” a la víctima, a la que conocían del barrio, y que filmaron el ataque por “diversión”.
+ MIRÁ MÁS: La vida de Macarrón a un año de ser absuelto por el crimen de Nora Dalmasso
Nueve meses después, los dos acusados continúan presos. El de 17 años es punible para la ley y, según informó La Nación, en los próximos días la fiscalía pedirá que sea sometido a juicio oral. Se encuentra imputado de "homicidio simple" y cumpliendo con prisión preventiva.
En caso de ser condenado, la pena se le aplicará cuando sea mayor de edad y cumplirá la condena en una cárcel común, pero con presos de su edad. El máximo de la pena que puede recibir por la gravedad del delito es de 15 años de prisión.
Pero la situación del menor de 14 es diferente. Como es inimputable por edad, no puede afrontar un juicio oral ni ser condenado. Por ahora se encuentra detenido en un Instituto de Menores, con una medida de seguridad que le impuso el juez del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.
De todas formas, ahora pasó a disposición de un juez de Familia que estableció, a partir de estudios psicológicos y psiquiátricos, que el adolescente no tiene problemas de adicción a las drogas ni patologías psiquiátricas.
Siguiendo la información del medio antes citado, el juez de Familia deberá definir si renueva la medida de seguridad sobre el menor (en el Instituto de Menores) o dispone la externación del centro de detención y lo manda a un hogar de abrigo.
