Era un fin de semana de disfrute para una familia cordobesa después de un año intenso de trabajo. Emprendieron rumbo a Tucumán, pero lo que imaginaban como días de descanso se transformaron en una pesadilla difícil de olvidar.
Al llegar a un control policial en la ruta 157, los obligaron a frenar a un costado y comenzaron a solicitarle la documentación. “Les entregamos todo, pero ellos no conforme, empezaron a buscar un desperfecto en el vehículo y se dan con que teníamos roto el paragolpe, que no influía en nada en realidad”, relató Natalia en diálogo con Arriba Córdoba.
Ahí comenzaron los problemas. Los oficiales les advirtieron que así no podían circular y debían labrarle una multa de 96 mil pesos. “Mi marido le dijo que no tenía esa plata y le parecía injusto que nos cobrara algo tan caro por nada”, agregó la mujer.
Uno de los policías, con tono intimidante, según comentó la víctima, les manifestó que tenían dos opciones: pagar la multa o retenerles el vehículo en Tucumán hasta el martes.
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El matrimonio aceptó pagar la multa “pensando que les iban a labrar el acta”. Pero no fue así: les exigieron que le “transfirieran la mitad” del valor y los dejaba circular.
Natalia confesó que “aceptaron hacerle la transferencia porque ahí quedan los datos” de la persona que recibe el dinero. Antes de realizar el trámite, tomó su celular y les sacó una foto para dejar registrado el hecho.
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Pero los oficiales se dieron cuenta, intentaron quitarle el teléfono y también los amenazaron diciendo que “tenían contactos con otros controles más adelante”. “Otro lo agarra del cuello a mi marido y le dicen que no nos hagamos los piolas porque tenían la documentación de él”, detalló aún en shock.
Finalmente le hicieron la transferencia por 42 mil pesos y se volvieron asustados a Córdoba ese mismo sábado, cuando sus planes era regresar el domingo. En el viaje temían que les sucediera lo mismo con otros policías tucumanos.
“Sentimos mucha impotencia porque nosotros trabajamos los dos todo el año, nos cuesta, no es fácil”, expresó Natalia quien inició acciones legales contra los tres policías.
Qué pasó con los agentes
El jefe de policía, Julio Fernández, precisó en el diario La Gaceta que los tres integrantes de la Patrulla Vial Sur fueron separados de sus funciones y ya se encuentran en situación de disponibilidad.
"El domingo tuvimos una reunión de urgencia con el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa donde nos dio precisas instrucciones, que de acuerdo a lo que se había viralizado en redes sociales, se instruya de las actuaciones correspondientes procesales y administrativas", indicó Fernández.
Además, afirmó que pudieron comprobar que existió una transacción bancaria y todo fue presentado a la fiscalía a cargo de la investigación: "Desde la fuerza policial no se va a tolerar ningún tipo de mal accionar que tenga la Policía”.