La jueza de familia de Entre Ríos, Belén Esteves, autorizó que se le practique la interrupción del embarazo a una pequeña de 13 años que habría sido violada y ya estaba en el quinto mes de gestación. La adolescente se lo había ocultado a sus padres y todo se realizó con urgencia.
Sin embargo, al ya haber superado las 20 semanas, el método utilizado fue la expulsión del feto. Y allí, el escándalo: los médicos y enfermeras que intervinieron aseguraron que el bebé sobrevivió. Lo dejaron apoyado, pero su corazón no dejaba de latir: nació con vida y nadie quiso acabar con ella.
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Los profesionales dieron su versión al medio El Entre Ríos y contaron que se mantuvo vivo unas diez horas. Por lo tanto, hablaron de “abandono de persona” y se pone en juego la ley 24.540 que indica que “Todo niño nacido vivo o muerto y su madre deben ser identificados”.
Desde el Ministerio de Salud de Entre Ríos negaron esas versiones y amenazaron con sancionar a los médicos que dieron su testimonio por romper con el “secreto profesional” y atentar contra la intimidad de la niña.
Según el comunicado de las autoridades, la información es falsa y “no es posible que ocurra sobrevida dentro de las condiciones establecidas por el Protocolo para la atención Integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo".
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Tras el polémico caso, el director del hospital confirmó que varios médicos le plantearon que se debata la objeción de conciencia para practicar abortos. Por otra parte, aseguró que el bebé no tenía posibilidades de mantenerse con vida porque, como tenía menos de 22 semanas de gestación, sus órganos no se habían terminado de formar. Aunque aseguró que, de haber tenido viabilidad, lo habrían asistido.
