El pasado viernes se generó un fuerte revuelo respecto a la investigación que se lleva a cabo por el brote de coronavirus surgido en el geriátrico Santa Lucía de Saldán. El Doce dio a conocer que el propietario del hogar, Rafael López Peña, vaticinó que la denuncia en su contra será desestimada y elogió al fiscal de la causa.
Tras la noticia, la Justicia provincial tomó cartas en el asunto, y un día después el fiscal Andrés Godoy imputó a dos médicos de la residencia. Inmediatamente, el Consejo de Médicos lanzó un comunicado repudiando las imputaciones y manifestaron que “criminalizar a los profesionales no parece el mecanismo adecuado para encontrar la verdad”.
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Este domingo, la Unidad Fiscal de Emergencia Sanitaria (UFES) respondió al malestar de los médicos. Afirmaron que la investigación está dirigida a dos profesionales en particular y que "de ninguna manera tiene vinculación con los equipos de salud que se desempeñan en el marco de la grave crisis sanitaria".
Desde la UFES detallaron que durante la instrucción, se detectaron “graves y serios incumplimientos por parte del personal médico que desempeñaba tareas en el geriátrico mencionado, básicamente en lo que respecta a los protocolos elaborados por la autoridad sanitaria, como así también de la específica normativa que rige el desempeño de profesionales médicos.
Por último, informaron que la causa se encuentra en etapa de instrucción y en los próximos días, se convocará a las personas imputadas a prestar declaración indagatoria, a los fines que ejerzan adecuadamente su derecho de defensa y aporten todos aquellos elementos que estimen pertinentes para la investigación.
