El caso ocurrido en San Francisco desató la polémica en medio del debate sobre las libertades condicionales a presos para evitar contagios de coronavirus.
La jueza María Teresa Garay le concedió el beneficio de prisión domiciliaria a un hombre condenado a ocho años de cárcel por abusar de su propia hija, que era menor de edad. El abusador estaba detenido desde febrero de 2019, por lo que pasó apenas un año en prisión.
En las últimas horas, la legisladora de Hacemos por Córdoba, Carolina Basualdo, realizó el pedido de jury de enjuiciamiento contra Garay, para que se investigue su accionar. De hecho, incluso el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Córdoba ya había expresado su desacuerdo con el fallo.
Apoyo a la jueza
Ahora, fue la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Córdoba quien hizo pública su postura. Emitió un comunicado en el que “expresa solidariamente su apoyo a la dra. María Teresa Garay, juez de Ejecución Penal (…) quien fuera agraviada en distintos medios de comunicación por haber ordenado una prisión domiciliaria”.
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Además, los colegas de la jueza indicaron: “No es cierto, como se dijo, que la magistrada haya dejado en libertad al condenado; solo dispuso transitoriamente, por razones de protección sanitaria al resto de los penados, su alojamiento a 200 km. del domicilio de la víctima”.
La defensa hacia Garay ocurrió luego de que la jueza haga su descargo ante las autoridades del Poder Judicial, en el que justificó que el condenado era atendido habitualmente en el Hospital Regional J. B. Iturraspe, y eso generaba riesgo de contagio en los otros internos.
Además, admitió la acusación de que no le comunicó a la víctima su decisión, pero se justificó diciendo que cuando intentaron llamarla a su número de teléfono registrado, indicaba que “no pertenecía a un abonado en servicio”.
Más allá de las críticas hacia la jueza, la Asociación cuestionó que “si bien se reconoce el derecho a denunciar a magistrados y funcionarios, no es admisible cuestionar la conducta y proceder de estos por el contenido de sus fallos, salvo que indicaren malicia o supina ignorancia del derecho”.
El caso y el lamento de la víctima
La víctima hoy tiene 26 años, pero en el momento en que sufrió el horror era menor de edad y a los 14 logró denunciarlo. En diálogo con El Doce, la joven relató su decepción cuando se enteró de lo ocurrido: “Me soltaron la mano. No sé por qué tomó la decisión y por qué no me avisaron. Fue caótico. El juzgado me dio un teléfono por si me ataca de nuevo. Un llamado totalmente descolocado, fue terrible, fue violento”.
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Además confirmó que el abusador es su padre biológico y que su madre se separó de él cuando se enteró lo que ocurría. Sin embargo, explicó que el hombre ahora está casado con otra mujer y que, gracias al beneficio que le fue otorgado, pudo regresar a su casa junto a su nueva esposa tras haber pasado apenas 14 meses en la cárcel de San Francisco.
La víctima indicó además que está en “estado de shock” y que esto la golpea en un momento en que ella había logrado recuperar su “paz” y “vivir una vida normal”.
Tras conocerse el fallo de la jueza, el Ministerio Público Fiscal había indicado que el abusador, que en el juicio confesó sus ataques, puede recibir sus tratamientos normalmente dentro de la cárcel. Padece diabetes e insuficiencia cardíaca y fue él quien solicitó la prisión domiciliaria, sin embargo, desde el MPF entienden que la situación actual no impide su correcto tratamiento dentro de la prisión.
En ese sentido, quien también se pronunció fue la legisladora Basualdo, quien realizó el pedido de jury: “Bajo ningún concepto se le debería haber dado la prisión domiciliaria a un violador”.
