En medio del confinamiento por el avance de la segunda ola de coronavirus, la Policía de Córdoba sale a notificar a los comerciantes "no esenciales" el DNU con las nuevas restricciones.
La orden es emanada desde la Fiscalía de Emergencias Sanitarias, a cargo del doctor Andrés Godoy. Se trata de un accionar opuesto al realizado por el Ministerio de Seguridad de la Provincia, quienes aseguraron ser ajenos a los hechos y que buscan continuar con acciones preventivas y evitar enfrentamientos.
Después de la marcha contra la vuelta a fase 1, impulsada en su mayoría por comerciantes afectados, que se replicó en Córdoba y distintos puntos del país, algunos trabajadores denunciaron "amenazas y aprietes" por parte de las fuerzas de seguridad de la Provincia.
Tal como se dio a conocer desde El Doce, varios dueños de negocios recibieron la sorpresiva visita de policías, quienes les leyeron los detalles del decreto y qué podía sucederles si violaban las disposiciones del Gobierno Nacional, a las que también adhirió el Ejecutivo Provincial.
+ MIRÁ MÁS: Nuevo récord de casos de coronavirus en Córdoba, a solo cuatro días del último pico
Tras la repercusión, la fiscalía creada durante la pandemia envió una notificación a este medio solicitando "en carácter de urgente" copias fotográficas y fílmicas y todo material periodístico sobre la protesta realizada el 25 de mayo. Incluso solicitó los registros de las cámaras de vigilancia que hicieron desde las 15:00 de ese mismo día. La tensión aumenta entre los comerciantes que exigen poder trabajar.
Quién es el fiscal de la pandemia
El 17 de marzo del 2020 se creó la Unidad Fiscal de Emergencia Sanitaria y el fiscal de instrucción Andrés Godoy quedó designado como titular. Sin embargo, no concursó para ocupar ese cargo, ya que solo había rendido para ser fiscal anticorrupción (salió tercero). Teniendo solo ocho meses de experiencia como fiscal, lo premiaron para estar en esta fiscalía e investigar todos los delitos sanitarios.
Desde el inicio, sus actuaciones generaron polémica. El primer caso fue cuando imputó a los médicos del geriátrico Santa Lucía de Saldán y no a los dueños. Se trata de la residencia donde se detectó el primer brote de coronavirus y lamentablemente fallecieron adultos mayores.
+ VIDEO: el fiscal de la pandemia y las medidas que hacen ruido
Otra de las polémicas tuvo que ver con la imputación a 30 mil ciudadanos. La medida era selectiva: algunos sí, otros no, como por ejemplo, personas del poder que infringían las normas no fueron imputados.
Aún más selectivo fue el criterio de Godoy con respecto a las manifestaciones. Imputó a los directivos del SUOEM cuando estaban en conflicto con la Municipalidad de Córdoba, pero no a otros que también salían a protestar por las calles de la ciudad.
+ VIDEO: ¿Puede un fiscal actuar de forma preventiva para evitar delitos?
