La crisis policial en Santa Fe entró este martes en una fase de máxima tensión, tras una noche marcada por protestas, enfrentamientos internos y fuertes advertencias del Gobierno provincial. Aunque desde el Ministerio de Seguridad admitieron la legitimidad de los reclamos salariales y laborales, también confirmaron que avanzarán con sanciones disciplinarias contra efectivos que participaron de hechos considerados graves.
El foco principal del conflicto se concentró en Rosario, donde un sector de policías autoconvocados llevó adelante un acuartelamiento y un “sirenazo” frente a la Jefatura, ubicada en Ovidio Lagos al 5200. Desde temprano, decenas de patrulleros se alinearon frente al edificio con sirenas encendidas, mientras efectivos —muchos de civil y acompañados por familiares— rodeaban las instalaciones.
Lo que había comenzado como una vigilia pacífica derivó durante la madrugada en incidentes, cuando se dispuso el despeje de calles cercanas. Esa intervención generó choques entre distintos grupos de la propia fuerza y profundizó el conflicto. Luego de los enfrentamientos, un sector de los manifestantes bloqueó accesos e inició la quema de cubiertas.
+ MIRÁ MÁS: “Por dos monedas”: el dolor de la esposa del jubilado que murió en un robo en Córdoba
La protesta también tuvo réplicas en la capital provincial. En la ciudad de Santa Fe, móviles policiales rodearon la Casa de Gobierno, evidenciando que el malestar se extendió más allá de Rosario.
Entre los principales reclamos figuran una recomposición salarial que eleve el sueldo inicial por encima de la canasta básica total, la actualización de la Tarjeta Alimentaria Policial (TAP) y mejoras en las condiciones de salud física y mental de los agentes. Además, exigen que no se apliquen sanciones administrativas a quienes participaron de las primeras manifestaciones.
En medio del conflicto en la vía pública, una policía graficó el reclamo y fue tajante al hablar con TN. “Esto se va a terminar cuando nos den lo que nosotros queremos, que se aumente el sueldo básico. No puede ser que estemos dando todo a la sociedad y nos paguen una miseria. Salgo a patrullar la ciudad de Rosario y cuando vuelvo no tengo para darle de comer a mi hijo porque gano 700 mil pesos y tengo que alquilar. Todos mis compañeros están en mi situación”, dijo indignada.
El ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, reconoció la gravedad de la situación y detalló que durante la protesta se registraron abandonos de servicio y patrulleros paralizados. “No menos de veinte móviles fueron dejados frente a la Jefatura y luego abandonados”, señaló, y calificó esas acciones como incumplimientos funcionales.
Si bien el funcionario reiteró que el Gobierno acompaña el reclamo salarial, marcó un límite claro: “No vamos a negociar poniendo en riesgo la seguridad de la población”. En ese marco, confirmó que se iniciarán actuaciones administrativas y que al menos 20 policías serán separados de sus funciones, con la advertencia de que podrían sumarse más casos.
Desde el Ejecutivo insistieron en diferenciar la protesta legítima de las conductas que, aseguran, cruzaron una línea. La investigación continuará para determinar responsabilidades penales en los episodios más graves, mientras el conflicto sigue abierto y sin una solución a la vista.
