Una jornada clave para la definición salarial docente en Córdoba terminó marcada por la violencia. Este lunes al mediodía se registraron importantes incidentes entre delegados de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) y la Policía, en el marco de la asamblea donde se analizaba la nueva propuesta del Gobierno provincial.
El conflicto se desató cuando un grupo de entre 50 y 150 manifestantes, identificados con la delegación Capital, intentó derribar el vallado de seguridad dispuesto en el lugar para resguardar el desarrollo de la reunión.
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Según informaron fuentes policiales, los manifestantes lograron vulnerar el cordón e intentaron ingresar por la fuerza al recinto. Ante esa situación, los efectivos respondieron con gases lacrimógenos y armas no letales para dispersar a la multitud. Como saldo de los disturbios, una persona mayor fue detenida, acusada de resistencia a la autoridad y agresiones al personal policial.
Desde la fuerza aseguraron que el operativo había sido planificado para garantizar el normal desarrollo de la asamblea, aunque la ruptura del perímetro derivó en enfrentamientos directos en la vía pública.
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El clima ya venía caldeado por la fuerte interna dentro del gremio. Mientras sectores de la oposición denunciaron que no se les permitía el ingreso a sus delegados, desde el oficialismo señalaron la presencia de “infiltrados” y acusaron a ese mismo sector de generar disturbios.
En el lugar, algunos delegados apuntaron directamente contra el titular del gremio, Roberto Cristalli, a quien acusaron de “mandar a la Policía” para impedir el acceso a la asamblea.
Qué se discute
La asamblea, que comenzó cerca de las 11, tiene como objetivo definir si el gremio acepta o rechaza la cuarta oferta salarial del Gobierno de Martín Llaryora.
Entre los puntos más cuestionados por las bases figuran:
- El descuento de los días de paro.
- La recomposición para jubilados.
- El esquema de aumentos mensuales del 2% sin cláusula de actualización por inflación hasta 2027.
Desde UEPC Capital, conducida por Franco Boczkowski, anticiparon un posible rechazo al considerar insuficiente la propuesta.
Sin acuerdo a la vista y con el plazo para liquidar los haberes de abril cada vez más cerca, el Gobierno provincial no descarta avanzar con un decreto unilateral. En paralelo, evalúan pedir una prórroga de la conciliación obligatoria por diez días hábiles, en un contexto donde la tensión sindical y política parece lejos de descomprimirse.