El exsubjefe de la Policía de Córdoba, Alejandro Eduardo Mercado, irá a juicio acusado de liderar una compleja organización delictiva integrada también por otros nueve imputados, varios de ellos efectivos bajo su mando.
La decisión fue tomada por el fiscal de Delitos Complejos, Enrique Gavier, quien sostuvo que la estructura funcionó durante años brindando cobertura e impunidad a distintas actividades ilegales.
Según la acusación, el entramado comenzó a gestarse alrededor de 2007, cuando Mercado consolidó un grupo de subordinados “leales” dentro del Departamento de Delitos Económicos.
El objetivo principal era proteger a bandas dedicadas al juego clandestino, las estafas a adultos mayores bajo la modalidad del “cuento del tío” y comercialización de celulares robados, especialmente en la Galería Norte.
Para lograrlo, utilizaban distintos mecanismos. Entre ellos, avisaban con anticipación sobre allanamientos para que los procedimientos no arrojaran resultados o permitían la fuga de sospechosos con pedidos de detención. También, según la investigación, demoraban causas o simulaban operativos exitosos para mejorar su imagen pública.
Uno de los aspectos más graves del caso es lo que la fiscalía denomina una “fase de desinformación”. Mercado habría utilizado su vínculo con la prensa para difundir operativos como grandes éxitos, exagerando los resultados.
Un caso emblemático fue en 2015, cuando se secuestró una máquina para falsificar dólares. Según la acusación, se informó que se habían incautado millones, cuando en realidad la cifra era mucho menor. Este tipo de maniobras le habría permitido construir una imagen de eficacia que lo ayudó a escalar dentro de la estructura policial.
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La causa también señala que la organización brindaba cobertura a actividades como laboratorios de desbloqueo de iPhone, cuevas de compra y venta de dólares y redes de reducción de objetos robados.
Incluso, en algunos casos, se perseguía a determinadas bandas no por razones judiciales sino porque otras organizaciones rivales habrían pagado para “sacar competencia”.
Para la fiscalía, se trata de un caso de enorme gravedad institucional por el nivel jerárquico de los implicados y el alcance de las maniobras.