El Gobierno de Córdoba anunció un nuevo protocolo que obliga a quienes realicen falsas amenazas de tiroteo en escuelas a afrontar los costos de los operativos de seguridad que esas situaciones generan. La medida fue formalizada por el Ministerio de Seguridad.
Según se informó, los gastos ocasionados por intervenciones policiales, brigadas especiales, bomberos y áreas de investigación serán reclamados a los padres o adultos responsables de los menores que sean identificados e imputados por la Justicia.
Cómo funcionará el nuevo protocolo
A partir de ahora, cada intimidación pública, amenaza o falsa alarma que obligue al despliegue de recursos del Estado no solo tendrá consecuencias penales, sino también un recupero económico de los costos operativos.
El procedimiento establece que, una vez identificados los responsables, se cuantificarán los recursos humanos y materiales utilizados en cada intervención. Con esa información, el Estado avanzará con la intimación de pago y, si hace falta, con acciones judiciales.
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“Cada operativo de estas características moviliza personal policial, móviles, sistemas de emergencia, tareas investigativas y recursos tecnológicos, afectando capacidades que deberían estar destinadas a la prevención del delito en otros puntos de la provincia”, explicó el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros.
El funcionario remarcó además que no se trata de episodios menores. “Cada vez que alguien realiza una falsa amenaza en una escuela, se activa un importante dispositivo estatal. Se movilizan efectivos, unidades especiales y sistemas de emergencia que deberían estar cuidando a los vecinos en otros puntos de la provincia. Eso tiene un costo, y ese costo no puede seguir recayendo sobre toda la sociedad”, enfatizó.
Desde la Provincia señalaron que el protocolo se implementará en coordinación con el Ministerio Público Fiscal, la Policía de Córdoba y las áreas administrativas correspondientes, y ratificaron una política de tolerancia cero frente a este tipo de conductas.