Para algunas dirigencias españolas y de otros países europeos, la modificación del Reglamento de Extranjería que aplicó el gobierno español a principios del año en curso, regularizando medio millón de inmigrantes a los que se les otorgó residencia y licencias para trabajar, fue el llamador que generó el aluvión de inmigrantes que invadió Ceuta en un puñado de horas. Para estas dirigencias, Pedro Sánchez es el responsable del estropicio producido en el enclave español situado en el norte de África.
Otras miradas perciben la causa del desastre migratorio en la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del tribunal Supremo de España, dictada en junio, que interpretó el régimen de “rechazo en frontera”, o “devoluciones en caliente”, fijando como doctrina que la devolución es inmediata solo en los casos de intento de ingreso por frontera terrestre. De tal modo, las personas que intentan ingresar por mar a nado no pueden ser devueltas inmediatamente, sino tras un proceso que incluye expediente administrativo individualizado.
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Estas miradas desvían el dedo acusador hacia las máximas instancias del sistema judicial. Pero para el resto de Europa, o bien por culpa de Pedro Sánchez o bien por los más altos magistrados, Europa se ha convertido en un riesgo de inmigración masiva. Por eso tuvieron eco rápidamente pedidos como los de Goergia Meloni. La primera ministra italiana reclama sacar al menos temporalmente a España del Espacio Schengen, dentro del cual las personas que tengan ciudadanía, residencia o licencias de trabajo pueden desplazarse libremente por todos los países de la Unión Europea (UE).
El tembladeral que hace tambalear la posición del gobernante español en su país y en la UE, puede concluir velozmente si son devueltos a Marruecos, también velozmente, las decenas de personas que ingresaron por el mar como un tsunami humano.
¿Pero puede hacerse esa devolución sin violar lo resuelto por el Supremo tribunal? No es la primera vez que Ceuta vive avalanchas de inmigrantes.
En el 2021, unos ocho marroquíes ingresaron y fue una presión de Rabat contra Madrid al descubrirse que Brahim Ghali, líder del Frente Polisario que lucha contra el reino por la independencia del sahara Occidental, había sido llevado a España en secreto para ser atendido en un hospital español.
Como respuesta a esa crisis y para compensar al ofendido reino árabe, en el 2022 abandonó su tradicional posición pro-saharaui y pasó a apoyar el plan de autonomía marroquí en el Sahara Occidental.
Sus buenos efectos en la relación Madrid-Rabat no alcanzaron para evitar este sismo político, que Sánchez atribuye a las mafias de traficantes de personas y que lo colocó en el blanco de las ultraderechas, las centro derechas y hasta de su archienemigo transatlántico, Donald Trump, quien dijo que lo ocurrido era consecuencia del “globalismo de extrema izquierda” que, según el magnate neoyorquino, representa el actual gobierno español.