El municipio de la ciudad de Córdoba no urbaniza las villas de emergencia porque no hay plata. Hay 160 asentamientos populares en la ciudad donde los chicos crecen hacinados con riesgo extremo de incendio en el invierno, dada la precariedad de las conexiones eléctricas.
Tampoco el municipio hace viviendas. No levanta puentes ni ejecuta grandes obras de infraestructura: lo que se hizo, lo llevó adelante la Provincia. Hasta los nuevos espacios verdes de la ciudad (Paseo del Buen Pastor, Kempes, Chateau y próximamente Güemes, ex Encausados y ex Cárcel de San Martín) se abrieron con fondos provinciales. Ni las obras de cloaca que se ejecutan en la ciudad se hacen con plata propia: son fondos nacionales y provinciales. Provincia y Nación ampliaron la planta de tratamiento de Bajo Grande. Y la lista sigue.
No hubo plata en las últimas dos décadas porque el municipio fue resignando margen de acción a manos de un gremio que engullió todo. Llegó a quedarse con el 70% de los recursos que aportan los contribuyentes. Pero además de plata, codirigió por años los designios de la ciudad. Había áreas enteras, sobre todo las operativas, en las que el funcionario estaba apenas de adorno. No cortaba ni pinchaba.
La pandemia y una sociedad hasta ahora amigable entre Martín Llaryora y el gobernador Juan Schiaretti cambiaron esa inercia. Hay recuperación de bacheo y obras de iluminación, el renglón número uno de todo lo pendiente en la ciudad. Seguramente sea insuficiente, pero se está haciendo.
También hay mucho, quizá demasiado, de lo que se ve rápido: murales de colores, recitales, maratones, cumbres masivas, bicicleteadas, macetas, plazas remodeladas, flores en los canteros y los insufribles cordones pintados de rojo y amarillo por toda la ciudad.
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Los vecinos decidirán si premian o no el destino que Llaryora eligió para gastar los fondos que hoy están disponibles. Muchos creen que debiera haber dejado el broncismo para más adelante, para cuando lo básico de una ciudad esté más resuelto y otros prefieren el shock: lo urgente y lo postergable a la vez porque si no, alegan, la plaza no se hace nunca.
Las elecciones en las que se postule el actual intendente serán el espacio para premiar o castigar su gestión en la ciudad.
Pero lo que no se puede admitir es que el Suoem pretenda gobernar y exija siempre la proporción presupuestaria del 50%. Eso no está escrito en ninguna parte, no forma parte del convenio municipal ni fue incorporado en alguna adenda trasnochada. Es puro uso y costumbre.
Hay mecanismos para discutir paritarias. Si era semestral y tocaba abrir la mesa salarial en octubre, ¿por qué a mitad de septiembre arrancaron las protestas? ¿Por qué la extorsión para apropiarse de una porción del presupuesto porque sí?
Hay ahora más plata disponible. Aunque no hay números oficiales actualizados, el gasto salarial se llevaría hoy el 43% del gasto total. Pagar ya toda la inflación implica un adicional de 800 millones de pesos. Eso cuestan dos nudos distribuidores que (otra vez) está haciendo la Provincia sobre Circunvalación.
El salario promedio bruto de un trabajador municipal está hoy en 302 mil pesos y entre enero y agosto han tenido un aumento acumulado del 53,6%. Son los que recibieron la mayor actualización (más que los bancarios y más que Epec) entre los estatales cordobeses. Es hasta más que la inflación Córdoba del período, que marca 52,7%. Ergo, el municipio viene pagando al ritmo de la inflación, un privilegio que pocos laburantes tienen. ¿Tiene que ser más? ¿Por qué?
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