La Fuerza Policial Antinarcotrafico (FPA) fue creada por la ley 10.200 como un cuerpo profesional especializado que integra el sistema provincial de seguridad pública.
Se publicó en el Boletín Oficial el 5 de mayo de 2014. Lleva la marca en el orillo del entonces gobernador y pre candidato a presidente José Manuel de la Sota. En diciembre del año anterior se había producido el acuartelamiento policial que sembró de vandalismo y saqueos y estremecieror a toda la ciudad.
En aquel año 2013 también explotó la bomba del narcoescándalo, y más tarde impactó fuerte el suicidio del policía Juan Alós, integrada por otros elementos no tan honestos.
En el medio se produjeron renuncias, detenciones, pases a retiros y el fin del ciclo del jefe policial Alejo Paredes, y la asunción de la bien intencionada Graciela Monteoliva, que no pudo conjurar la huelga policial.
En las primeras horas de ese año 2014, el gobernador De la Sota necesitaba con urgencia un plan, no solo para salir del pozo en que había caído su política de seguridad, sino su precandidatura a la presidencia. El kirchnerismo de esa época quería embarrarle aún más la cancha.
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En su entorno no se explicaban cómo un grupo de revoltosos con uniforme le estaban sembrando clavos en su largo camino a la Casa Rosada, alimentada por una generosa pauta publicitaria. Eran conscientes que debían hacer algo. Pidieron asesoramiento. Algunos propusieron eliminar la peligrosa Dirección de Drogas, pero eso era reconocer lisa y llanamente su fracaso.
A De la Sota le llegó un proyecto de crear una fuerza especial de lucha contra el narcotráfico, pero también con un control especial para controlar los posibles hechos de corrupción. No era un apuesta fácil porque había que sacar a esa dependencia del organigrma policial y pasarlo a la obrbita del Ministerio Publico Fiscal.
Esa iniciativa fue elaborada de puño y letra del ex subsecretario de Seguridad de la Nación, el por entonces director de narcotráfico del Poder Judicial, comisario Miguel Robles. Planteaba una Fuerza Especial Antinarcóticos. El proyecto llego cambiado solo en su nombre a la Legislatura como Fuerza Policial Antinarcotráfico. Las siglas FPA seguían igual.
En el medio se produjeron muchos cambios, pero todos en la dirección de darle mayor dependencia del poder político a través del Ministerio Publico Fiscal, y como ya es tradición en el entramado de la Justicia provincial.
O sea, en la dirección contraria de aquella “Fuerza Especial” para lograr especialización en la lucha contra la producción y venta de drogas. En sus comienzos, la FPA fue dirigida por el fiscal Berger, pero al poco tiempo renunció porque no se sentía cómodo cuando comprobó que los que manejaban los hilos eran policías. Asumió el actual jefe de la FPA, el comisario Salcedo, un ex ETER.
La institución tiene un presupuesto millonario que alcanza para cubrir los costos de un área de prensa y comunicación, que en los pasillos de Tribunales la definen como una suerte de bolsa de trabajo.
Quienes conocen la trama de cerca, sostienen que los mejores investigadores de la FPA fueron renunciando después que designaron como subjefa de la FPA a la Técnica Superior en Seguridad Comunitaria, Clarisa Fanny Carreras.
Hoy la FPA se enfrenta a un nuevo escándalo, con la detención de Jessica Peña, jefa Antinarcotrafico de Villa María sospechada de producir y vender drogas. ¿Estaremos en presencia de una suerte de “mini narcoescándalo”?.
Los ciudadanos y la sociedad entera claman por ponerle fin a la inundación de hechos cometidos por la delincuencia y los narcotraficantes… y también que se le ponga fin a los casos conocidos como de gatillo fácil.
Pero esto parece estar muy lejos, sobre todo por lo escandoloso y hasta cinematográfico que parece este caso de Villa Maria: nada menos que jefaturas de fuerzas especiales dedicadas a la producción y comercialización de sustancias que ellos, supuestamente, debían reprimir.
