En menos de dos semanas, la vicepresidenta Cristina Kirchner fraguó un presente que en muchos aspectos nos lleva de vuelta a 2008. Se impone la sensación de ya haber vivido algo así, incluso en medio de circunstancias tan extraordinarias como las actuales. En la escena aparece, otra vez, el gobernador de Córdoba como un actor clave para frenar un nuevo atropello institucional.
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La reedición del conflicto con el campo se da ahora por una vía lateral: la orden de incorporar a la órbita estatal a la agroexportadora Vicentín, que desde fines del año pasado afronta serios problemas financieros. Como apuntó el decano de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Córdoba, Juan Marcelo Conrero, se trata de una de las compañías del rubro que ofrecía las condiciones "más ventajosas" a los productores agropecuarios. Esa particularidad formaría parte central del combo de desacertadas decisiones empresarias que, combinadas con las turbulencias cambiarias desatadas tras las PASO del año pasado, la empujaron al concurso de acreedores. Desde entonces, un juez santafesino controla los movimientos de la empresa, que nunca dejó de funcionar ni de pagar sueldos, como erradamente aseguró el jefe de Gabinete Santiago Cafiero en el Senado. La precisión y el rigor brillan por su ausencia en el discurso oficial en torno a Vicentín desde el arranque. El Presidente Alberto Fernández invocó el concepto de "soberanía alimentaria" para justificar el inesperado anuncio expropiador que le impuso Cristina Kirchner. Por esas horas probablemente haya desconocido que el 90% de la facturación de la compañía proviene de la exportación de alimentos para animales, sobre todo cerdos chinos. A la harina de soja le costaría mucho ganarse un lugar en la mesa de los argentinos.
Exprópiese
La empresa reunía varios elementos que la convertían en un blanco ideal para el cristinismo: fue destacada aportante a la campaña macrista, condición que, debería ser innecesario recordarlo, no constituye un delito. Y tiene entre sus acreedores al Banco Nación. A propósito, y aunque no se puede descartar que haya existido alguna irregularidad, el monto de los préstamos otorgados por la entidad estatal (300 millones de dólares), así como la deuda global de Vicentín (1.350 millones), no parecen desproporcionados en relación a la facturación promedio de la compañía en los últimos tiempos, que alcanzó los US$ 4 mil millones anuales.
Además, la etiqueta de empresa macrista que ciertos actores del oficialismo intentan adosarle también podría resultar injusta, dado que varios miembros de la familia heredera de la compañía se declaran abiertamente justicialistas, como el ingeniero agrónomo Héctor Vicentín, destacado alumno de la UNC 50 años atrás. Cabe agregar que el principal accionista de la compañía está entre los procesados en la causa de los cuadernos de las coimas por haber efectuado pagos a funcionarios de la gestión de Cristina Kirchner.
En todo caso, habría razones más oscuras en la cruzada estatista que desató esta vez la vicepresidenta, sorprendiendo hasta al ministro de Agricultura de la nación, tal como el propio Luis Basterra reconoció. Algunas de las negociaciones encaminadas a cambiar la composición accionaria de Vicentín habrían provocado el enojo que llevó a Cristina Kirchner a ordenar esta desconcertante jugada de aires bolivarianos.
La experiencia enseña que la estatización de Vicentín ampliaría las oportunidades de corrupción y acomodo de punteros VIP en puestos públicos. Pero, a diferencia de los antecedentes ruinosos del estilo Aerolíneas Argentinas o YPF, la agroexportadora actúa en un mercado dinámico, abierto, plural. ¿El daño de su ineficaz funcionamiento en manos de dirigentes que respondan a Cristina Kirchner afectaría únicamente a la nueva estructura estatal? ¿Solamente agregarían un déficit millonario al que ya acumulan las demás empresas estatales? ¿O la conducción política de Vicentín podría arrastrar consigo al competitivo sector agroexportador? Los entendidos del rubro plantean diferentes respuestas a estos interrogantes.
Los cuatro de Córdoba
El gobernador Schiaretti parece estar entre la espada y la pared. Sus cuatro diputados, entre ellos su esposa, Alejandra Vigo, podrían resultar decisivos en la votación en la cámara baja, donde los cálculos previos arrojan un final abierto. Pero el rechazo de los schiarettistas al proyecto de Cristina Kirchner, anunciado esta semana podría resultar insuficiente. Prácticamente todas las instituciones que representan el sector privado cordobés piden que los diputados que responden al Gobernador directamente nieguen el quórum y ayuden así a frustrar esa eventual sesión. Por eso, en el inédito comunicado de casi un centenar de entidades empresarias de todos los ámbitos de la economía, dirigido al Gobernador y a los parlamentarios, se reclama que actúen para "impedir que avance" el proyecto. Ese freno a la expropiación podría demandar más que cuatro votos no positivos. El pedido es que, llegado el caso, eviten ocupar sus bancas.
Las convicciones del gobernador cordobés lo llevarían a rechazar de plano la avanzada ordenada por Cristina Kirchner. Pero en este contexto de agigantamiento del Estado nacional, a partir de la implacable concentración de recursos impuesta por la Casa Rosada ya antes de la pandemia, con la suba de retenciones como medida estelar, no acompañar con disciplina podría costar muy caro. La factura recaería sobre toda Córdoba.
Por otro lado, cualquier gesto concesivo hacia la estatización, como el de facilitar el quórum, sería repudiado por gran parte de la base electoral de Schiaretti. El masivo "banderazo" fue una prueba en ese sentido. Se volvería un costo altísimo para el justicialismo cordobés que la defensa del campo sea un capital exclusivo de la oposición provincial.
La solución para esta encrucijada en la que está la coalición liderada por Schiaretti pasaría por el diseño de un esquema mucho menos extremo que la estatización lisa y llana que propone Cristina Kirchner. Una reformulación de la empresa que incorpore en su capital a acreedores y, quizás, al Estado santafesino. En el bosquejo de ese esquema, que debería incluir un aval judicial y, por ende, evitar el avasallamiento institucional ideado por la vicepresidenta, gasta sus horas el Gobernador. Así busca resolver el acuciante dilema que enfrenta. Una opción intermedia entre ser funcional a la pulsión estatizadora de Cristina Kirchner o exponerse a su ira en tiempos de unitarismo recargado y asistencias financieras discrecionales.
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