Los riesgos son enormes. Frentes de conflicto simultáneos con las corporaciones sindicales que imponen el rumbo y determinan el destino de las partidas municipales. Por décadas pareció un desafío imposible de asumir. Sin embargo, está ocurriendo.
Del incierto desenlace de estas pujas depende que la Ciudad de Córdoba tenga margen para escapar de la decadencia permanente en materia de prestaciones municipales.
Después de sellar un acuerdo que modera provisoriamente las pretensiones salariales de UTA, algunos de cuyos afiliados no cobraron aún la totalidad de los sueldos de abril, el Intendente Martín Llaryora empieza lo que promete ser un largo recorrido en busca de la solución de fondo: una búsqueda de fondos.
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Junto a colegas de otras ciudades, entre los que se destaca el rosarino Pablo Javkin, promueve una distribución más equitativa de los subsidios nacionales para el transporte. El jefe comunal cordobés sumó a su causa a cámaras empresarias. También invitó a sumarse a esta cruzada a los legisladores nacionales. Una discusión especialmente incómoda para los parlamentarios que integran el oficialista Frente de Todos.
Desde las oficinas con vista al Paseo Sobremonte se gestó esta semana, la del feriado del 25 de mayo, el desafío al unitarismo extremo que rige en la Argentina en materia de subsidios.
Los fondos nacionales destinados a suavizar las tarifas del transporte vivieron un boom a partir del año 2002, pero con una particularidad: una altísima concentración en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, en una proporción mucho mayor a la lógica poblacional. Durante doce años y medio, el kirchnerismo le tuvo pavor a los sinceramientos tarifarios. Y los evitó a cualquier precio en la única jurisdicción en la que el transporte urbano estaba a su cargo.
La brecha entre el área Metropolitana de Buenos Aires y el resto del país nunca paró de ampliarse. En 2019 el 91 por ciento de esos subsidios se destinaron para la Capital Federal y el conurbano bonaerense, donde viven el 37 por ciento de los argentinos. El 9 por ciento restante se distribuyó entre todas las otras ciudades del país. Migajas que explican las asimetrías tarifarias
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Al subsecretario de Transporte de la Nación, el cordobés Gabriel Bermúdez, que tuvo a su cargo esa área a nivel provincial hasta diciembre pasado, le tocó esta semana salir a responder por qué no hay colectivos en ninguna parte del país más allá de la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Ahora está del otro lado de la trinchera que habitó en estos años. Esgrime a modo de defensa que este año están "triplicando" los subsidios para el interior. Aún así, los números oficiales detallan que en este 2020, más del 80 por ciento de los subsidios nacionales siguen quedando "allá", en la caja de las empresas que prestan servicios en un radio de 40 kilómetros de la Casa Rosada.
El actual paro federal del transporte pone en evidencia la escasa adhesión del gremio a unos de los valores que más se declama en el mundo sindical: el de la solidaridad. Los choferes de Buenos Aires y alrededores no parecen muy conmovidos por las penurias de sus colegas del resto del país. Tienen los salarios al día porque las empresas que los emplean reciben subsidios nacionales por el equivalente a más del 70 por ciento de sus presupuestos. En cualquier otra ciudad argentina, ese aporte estatal no cubre ni el 25 por ciento de lo que gasta una compañía del rubro.
La protesta de UTA frente a la Municipalidad.
En el caso de Córdoba, las autoridades municipales aspiran también a corregir las distorsiones que impone el convenio local de UTA. Los choferes cordobeses ganan el 20 por ciento más que sus pares de los demás centros urbanos. Un gasto extra que recae de manera más o menos directa sobre los castigados vecinos de la ciudad. Y que explica también por qué pese a tener siempre uno de los boletos más caros, en circunstancias normales el servicio nunca se destaca por su calidad.
Sacar chapa
El ajuste sobre los sueldos municipales, que es menor al recorte de ingresos que padece la mayoría de los habitantes de la ciudad, permite descubrir otras deformaciones del monstruo burocrático que es el Estado local. El Intendente Llaryora instruyó a sus secretarios para que revisen la bonificación que perciben como "inspectores" casi dos mil empleados de distintas reparticiones. Al quitarles la "chapa", sus históricamente muy altos sueldos registrarían una reducción del 30 por ciento, que se agregaría al ajuste determinado por el achicamiento de la carga horaria.
El quite de la bonificación a quienes en teoría pueden desempeñarse como inspectores alcanzaría a agentes que están en receso por la cuarentena o a empleados que no prestan servicios en el marco de las protestas contra el ajuste. En cualquier caso, queda expuesto el despropósito que implica que la ciudad tenga semejante plantel habilitado para "inspeccionar" o "fiscalizar".
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El nivel de conflictividad en el ámbito municipal irá en aumento. El gremio de los municipales ya hizo punta en las manifestaciones callejeras con la marcha de hace tres semanas al Concejo Deliberante. Y el miércoles pasado sorprendió con una movilización hacia tribunales. Fue una multitud enmascarada, para evitar las imputaciones que se produjeron por la protesta anterior.
El sindicato buscará revertir o atenuar el ajuste de sus sueldos por distintas vías, además de la judicial.
Intentará desgastar a la administración Llaryora difundiendo más convenios y contrataciones potencialmente polémicos, según su visión; y reforzará las protestas, que históricamente incluyen acciones de sabotaje en rubros sensibles.
El Suoem, quedó claro, ya no le teme al coronavirus, y pone a lo económico en el centro de sus preocupaciones. En este punto, el de la pérdida del miedo a la pandemia, coincide con lo que ocurre con muchos de los vecinos que con enorme esfuerzo sostienen la pesada estructura municipal.