Varios actores estatales de Córdoba dejaron claro esta semana que aún está lejos de cerrarse la discusión por la reforma previsional aprobada por la Legislatura en un trámite exprés el mes pasado.
Desde la Justicia llegaron las primeras señales de que ese necesario y limitado ajuste encontrará resistencias.
Una cámara aceptó el pedido de una jubilada para que no se le aplique el descuento del 20 por ciento previsto para quienes cobran dos beneficios que en conjunto sumen más de 102 mil pesos mensuales.
+ MIRÁ MÁS: Gremios estatales piden la inconstitucionalidad de la reforma jubilatoria.
La cautelar apunta sólo contra ese aspecto del recorte previsional. La beneficiaria del fallo es una ex empleada de la Caja de Jubilaciones, viuda de un ex magistrado.
Su jubilación combinada con la pensión por viudez supera los 350 mil pesos mensuales, en línea con los haberes promedio de los subsistemas a los que pertenecen esos beneficios.
Por lo tanto, para la jubilada que hizo esta demanda, ése capítulo de la reforma, denominado en la ley "aporte solidario", tendría un impacto de por lo menos 70 mil pesos mensuales.
El sistema jubilatorio de los estatales cordobeses incluye miles de casos como éste. Lujos que obligan a un enorme esfuerzo del conjunto de la sociedad cordobesa.
Al comprar el pan o los fideos
El déficit estructural de la Caja de Jubilaciones de Córdoba proyectado para este año es de 41.600 millones de pesos. La reforma tan vapuleada por los gremios del sector público sólo implica un ahorro de 6.500 millones de pesos.
A través de la Anses, el Estado nacional aportará, en el mejor de los casos, 14.000 millones de pesos. Quedarían por cubrir 21.100 millones de pesos.
+ MIRÁ MÁS: La Justicia de Córdoba le puso un freno a la reforma jubilatoria.
¿De dónde saldrá esa plata? De los impuestos que recauda el Estado cordobés: Ingresos Brutos, los patrimoniales (inmobiliario y automotor) y a los sellos.
Escenas así se dan a diario: un obrero suspendido, una comerciante al borde la quiebra, un fisioterapeuta anotado para subsistir con el Ingreso Familiar de Emergencia solventan las jubilaciones de privilegio de los estatales cordobeses cuando compran alimentos en un supermercado y pagan, sin notarlo, Ingresos Brutos.
El problema del déficit de la Caja no es un problema exclusivo de los empleados y jubilados del sector público de Córdoba, como simulan en sus declaraciones periodísticas los gremialistas estatales.
Es un problema de interés de toda la sociedad de Córdoba. La Caja no se financia con los aportes de los empleados públicos provinciales, municipales, de la Epec o Bancor. Su monumental déficit lo cubren los impuestos que pagan todos los contribuyentes cordobeses.
Gente que en su enorme mayoría aporta o recibe haberes de un sistema que paga jubilaciones mucho más bajas que las de la Caja provincial. Teniendo en cuenta que la Dirección General de Rentas consigue en todo concepto alrededor de 8.700 millones de pesos por mes, son casi dos meses y medio completos de recaudación de Córdoba lo que exige el déficit de un sistema que rige sólo para 1 de cada 7 jubilados que residen en el territorio provincial.
Juez y parte
Seguramente habrá más fallos adversos contra la reforma. Al final de las laberínticas discusiones judiciales, es esperable que algunos de los cambios que posibilitan este modesto ahorro para el Estado cordobés queden en pie.
Los jueces que opinan en esta materia están todos afectados por los cambios sobre los que se expiden.
La Asociación de Magistrados ya criticó públicamente la flamante ley. ¿Cuántos jueces se animarán a desafiar el interés propio y el corporativo para priorizar el de los sobreexigidos contribuyentes cordobeses?
A través del tiempo
El líder histórico del Sindicato de Empleados Públicos, José Pihen, es protagonista involuntario de una enredada polémica.
Tal como publicó El Doce, el gremialista obtuvo su jubilación dos días antes de que la Legislatura aprobara la reforma, que Pihen, en su condición de legislador, rechazó.
Al trámite lo había iniciado en 2002, cuando tenía 56 años, dos menos del mínimo exigido entonces.
Pero como en aquellos años estaba habilitado un programa de retiros anticipados, su pedido fue válido.
En el arranque de este 2020, Pihen retomó su congelado proyecto jubilatorio y solicitó a la Caja que se le asigne el estatus de retirado.
Ese trámite se completó, como se señaló, a dos días del tratamiento de la nueva reforma. ¿Mera casualidad? El haber que le corresponderá alcanza los 250 mil pesos mensuales.
Si la aprobación de su jubilación hubiese ocurrido unos días más tarde, tras la aprobación del recorte, nada habría cambiado para Pihen.
La clave estaría en la "reserva de derecho" planteada al iniciar su trámite en 2002. Eso sería lo que ahora le permitirá gozar de un haber calculado en función de las reglas de hace 18 años, algo que le permite saltear las 3 reformas posteriores, todas en busca de un ahorro que nunca termina de ser suficiente. Pihen se aferra al pasado.
Algunos opositores evalúan llevar esta cuestión a la Justicia, insinuando que el gremialista podría haber protagonizado un caso de uso de información privilegiada.
En rigor, no hacía falta ser muy perspicaz para advertir que el régimen previsional de los estatales cordobeses volvería a ser ajustado.
Suponiendo que Pihen no quiso gambetear este último recorte, y que el día en que se completó su jubilación es un dato anecdótico, la polémica es oportuna para dirigir la mirada hacia ese curioso sistema previsional que la política cordobesa inventó para el sector público y que cíclicamente provoca un agotamiento financiero que sufre toda Córdoba.
