Los ojos están puestos en la grave crisis sanitarias y en las tremendas secuelas económicas y sociales. Pero Córdoba padece de una situación institucional delicada, que aflora en algunos episodios y que revela también la fragilidad de la provincia en varios sentidos.
El tema de las notificaciones, intimaciones, filmaciones a los que salieron a reclamar por la situación generada por el confinamiento dejó al descubierto diversas cuestiones: hay fiscales puestos a dedo sin rendir concurso alguno, se crean fiscalías para acomodarlas a las necesidades del poder político, se oculta y manipula información, se persigue con criterios muy discresionales, entre otras cuestiones.
El fiscal que intimó a los comerciantes, Andrés Godoy, no rindió concurso alguno para ocupar el cargo. Le inventaron una fiscalía (de Emergencias Sanitarias) con la excusa de la pandemia pese a que tenía pocos meses como fiscal designado. Lo nombraron dos interinos (Héctor David y José Gómez Demmel) y con probada militancia que estuvieron dos años a cargo de la Fiscalía General porque al gobernador Juan Schiaretti le convenía prolongar el nombramiento. Y cuando nombró nuevo fiscal general, Juan Manuel Delgado, puso a un funcionario del Ejecutivo que le responde a los adjuntos militantes.
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Una apretada síntesis para demostrar que la Justicia cordobesa tiene una dependencia total del poder político y que se comporta de manera muy poco transparente.
La conducción del Ministerio Público Fiscal, integrado por las fiscalías de los diferentes fueros, hace tiempo es una unidad básica del peronismo cordobés, donde han recalado oscuros operadores políticos que se dedican a tejes y manejes bien turbios.
La información de la actuación de los fiscales que debería ser pública, porque no son otra cosas que funcionarios públicos que actúan en representación de la comunidad, queda al arbitrio de unos extraños filtros comunicacionales, que dan como resultado operaciones políticas de baja estofa antes que la notificación fehaciente a la ciudadanía de los hechos.
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En el episodio del fiscal Godoy y sus acciones “preventivas” para que no se hiciera la marcha de comerciantes y ciudadanos, el Ministerio Público Fiscal hizo ese juego. Dejó que se instale la idea de que era la Policía la responsable y no el fiscal. Tuvo que salir públicamente el Ministerio de Seguridad a reclamar que la Fiscalía General diera las explicaciones para que casi un día después de las intimaciones saliese un escueto y poco claro comunicado.
¿Espías?
Y los hechos siguieron. Porque fue el ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, a reunirse con el fiscal General Delgado para tratar el tema. Y a alguien se le ocurrió poner a dos policías para que escucharan o simularan escuchar detrás de la puerta. Y contarlo como si fuese un espionaje. Al menos así lo contaron desde el Ministerio Público Fiscal a través de sus portavoces informales.
Para el Gobierno, no es otra cosa que una operación para distraer el foco puesto en la polémica decisión del fiscal Godoy, que ha sabido proteger a personajes clave del propio Tribunal Superior de Justicia.
Oscuridad en los pasillos de Tribunales es lo que sobra.
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