¿Se equivocó el gobierno argentino al sumarse a los de Bolivia, Colombia y México en un documento sobre lo que sucede en Perú, donde las protestas ya se acercan a la decena de muertos?
Alberto Fernández, igual que el colombiano Gustavo Petro, había publicado un primer pronunciamiento individual en el que se reclamaba por la institucionalidad democrática sin pronunciarse claramente sobre responsabilidades específicas en acciones golpistas. Ambos mandatarios, en el documento impulsado por el mexicano Andrés Manuel López Obrador que también incluye al boliviano Luis Arce, hacen un fuerte reclamo por la seguridad de Pedro Castillo.
¿Implica un cambio de posición? Si así fuera, ¿es un cambio acertado o preocupante?
Para algunos observadores, el nuevo pronunciamiento implica un giro copernicano frente a lo que sucede en Perú, porque señala como golpistas a quienes destituyeron a Pedro Castillo, desconociendo el intento de golpe de Estado que perpetró el hasta entonces mandatario.
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Desde este ángulo, se interpreta que el mensaje firmado por López Obrador, Fernández, Petro y Arce reclama la restitución del poder al “presidente Castillo”.
En rigor, el pronunciamiento de los cuatro presidentes no es claro en este punto. Tampoco es del todo correcto deducir que, como llaman “presidente” al destituido, están reclamando su restitución en el cargo. Si la intención hubiera sido reclamar su restitución, no se entiende por qué no lo hicieron con total claridad.
Es posible cuestionar al mensaje de los cuatro mandatarios la falta de un señalamiento específico de que lo anunciado por Pedro Castillo momentos antes de su destitución, implicaba un golpe de Estado porque estaba más cerca de la disolución ilegal del Congreso que perpetró Alberto Fujimori en 1992 que de la disolución legal del Congreso que ejecutó el presidente Martín Vizcarra en el 2019. Igual que Fujimori, lo que anunció Castillo violaba lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución peruana, por lo tanto, implicaba una anulación de la división de poderes.
En lo que acierta el mensaje al que se sumó Alberto Fernández es en recoger la situación que comenzó a renglón seguido de la destitución de Castillo: las protestas que fueron creciendo y multiplicándose a pesar de la represión y de las muertes que se iban produciendo en los choques. Esas protestas detonaron por las imágenes de Castillo detenido y la información de que sería condenado y encarcelado, mientras festejaba la irresponsable dirigencia política que bloquea gobiernos y derriba presidentes como si fueran bolos.
El estropicio cometido por Castillo no pudo ocultar a los ojos de muchos peruanos el accionar antidemocrático y perturbador de la institucionalidad que genera el salvajismo político de una dirigencia decadente y corrupta. No señalar esta antropofagia política que practican todos los partidos, implica no señalar la totalidad del estropicio.
La práctica sistemática del sabotaje institucional incluye a Perú Libre, el partido izquierdista que llevó a Castillo al Poder y luego lo abandonó, acusándolo de “traicionar la causa” y dejándolo sin bancada oficialista, o sea en la intemperie política.
Ni lo que hizo el mandatario destituido debe ocultar el desquicio inescrupuloso del salvajismo político, ni esas prácticas antidemocráticas de la dirigencia deben librar a Castillo de su responsabilidad en este cataclismo institucional.
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Las protestas señalan que es lógico sospechar de un complot para conducir a un presidente incapaz hacia el abismo. De ese complot es posible que haya participado Dina Boluarte y otros miembros del Consejo de Ministros, además de la dirigencia opositora que ya derribó presidentes (Pedro Kuczynski y Martín Vizcarra) y estaba totalmente decidida a tumbar el gobierno de Castillo desde su mismo inicio.
Que esto sea real, no implica que Castillo sea sólo víctima. Aunque por su negligencia e incapacidad no haya tenido conciencia de lo que hacía al leer el mensaje anunciando la disolución del Congreso, lo hizo.
Pedro Castillo nunca entendió dónde estaba parado. Durante un año y medio, deambuló errático en el escenario del poder. Sin decidir un rumbo, sin apuntar en alguna dirección. Por eso resulta verosímil la versión según la cual, el presidente estaba drogado cuando formuló el anuncio que equivale a golpe de Estado.
Según esta hipótesis desopilante, alguien drogó o embriagó a Castillo para hacerle leer el mensaje en el que anunciaba la disolución del Congreso y la formación de un gobierno de excepción que gobernaría por decreto.
Aunque parezca delirante, esta versión explica lo sucedido de manera más realista que la interpretación según la cual el entonces jefe de Estado dio un golpe de manera consciente.
En realidad, lo absurdo es pensar que ese presidente fallido pudiese tener cabal consciencia de lo que hacía. Igual que Chance Gardiner, el personaje de la novela de Jerzy Kosinski que llegaba a la cumbre del poder sin entender las circunstancias que lo empujaban a esa cima porque su único conocimiento era la jardinería, el docente rural nunca estuvo en condiciones de entender su función y el significado de sus actos.
La hipótesis más creíble es que, embriagándolo o simplemente engañándolo, los miembros de su entorno que tejieron corrupciones a su sombra valiéndose de su esposa y su cuñada, lo pusieron a intentar un golpe de Estado cuando vieron que al Congreso, esta vez, le alcanzaban los votos para destituirlo y que, caído el presidente, ellos acabarían en la cárcel.
Pedro Castillo no parece un corrupto ni un golpista sino un personaje negligente que llegó al poder por la mediocridad y la codicia que impera en la dirigencia.
El mensaje de AMLO, Fernández, Petro y Arce no es el mejor que se podía redactar, pero habría sido peor que nadie en el marco regional señalara el salvajismo político que corroe la institucionalidad en Perú y exigiera que se respete la integridad física y los derechos del mandatario destituido. Eso sería abandonar a Pedro Castillo en la boca del lobo.
