Pase lo que pase no habrá otra manera de empezar con las secuelas que generó el accidente que protagonizó Oscar González el sábado pasado en las Altas Cumbres que en lo irreparable y fundamental: la muerte de Alejandra Bengoa y el delicado estado de salud de Alexia y Marina, quienes tal vez arrastren de por vida las secuelas de la colisión.
Dejando eso siempre a salvo, el choque en el camino de las Altas Cumbres se transformó en una de las mayores interpelaciones al poder de los últimos tiempos. Corrió el velo de cómo en los distintos estamentos estatales la impunidad y el abuso son monedas corrientes y nos muestra que eso de la calidad institucional no es algo abstracto sino bien tangible. Las tragedias de Cromañón y de Once, por citar solo hechos emblemáticos, nos enseñaron que la corrupción mata. La impunidad y el abuso de poder también matan. Sólo basta mirar el paraje Niña Paula.
Las secuelas del episodio son de los más variadas en lo político-institucional:
* Gobierno provincial, campaña y otro escándalo más. Oscar González no es un dirigente más para Hacemos por Córdoba. Hay funcionarios que reconocen que en Traslasierra tiene tanto poder como el gobernador. Además, era hasta este sábado el segundo en la línea de sucesión, es el presidente alterno del PJ provincial y ha ocupado cargos de relevancia en las gestiones de José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti. Dirigentes del oficialismo reconocen que el impacto del denominado caso González tiene mucho más repercusión que otros escándalos que atraviesa la gestión provincial y que es un duro golpe al reciente lanzamiento de la campaña de Martín Llaryora, porque les pega en el eje que planteó el intendente y candidato respecto a que buscan la continuidad en el poder no para abusar si no para gestionar en favor de la gente. Por eso, lo obligaron a González a que al menos diera un paso al costado como presidente provisorio.
* Sigue como funcionaria. La pareja de González, Cristina Vidal, es la directora del Programa del Noroeste Cordobés y coordinadora del Centro Cívico del Oeste. Horas después del trágico accidente, mandó un audio a un grupo amplio de WhatsApp festejando el triunfo en la elección de la Cooperativa Eléctrica Mixta de Villa Dolores (Cemdo), agradeciendo que González estuviese vivo sin mencionar a la persona muerta y diciendo que ella alguna vez se quiso quedar con el BMW que tenía asignado el legislador por parte de la Justicia. Una semana después, sigue en el cargo y no hubo ninguna comunicación oficial respecto a la postura del Gobierno sobre la conducta de su funcionaria.
* ¿Qué y cuánto había en los bolsos? Hay ya presentaciones para que se abra una causa judicial en relación a los dos allegados a Oscar González, ambos empleados de la Provincia, que sacaron pertenencias del BMW a minutos de la tragedia. Se analiza no sólo la presunta alteración de la escena del siniestro sino también el contenido de esos bolsos y las razones por las que debían ser sacados con tanta urgencia mientras había personas a pocos metros que se debatían entre la vida y la muerte. ¿Tenían alguna relación con la elección en la Cemdo recién citada que se estaba llevando a cabo en ese momento? Hay un pedido de imputación a las personas que sacaron esos bolsos. La hermana de Alejandra, Laura Bengoa, le dijo a El Doce: “No le importó lo que había pasado con mi hermana, con las chicas. Empezó a hacer sus cosas con su vehículo”. El Gobierno provincial ha solicitado informes muy precisos a los efectivos de seguridad que actuaron respecto a qué pasó con esos bolsos.
* El auto que no debió manejar. Todo lo que rodea al auto BMW X1 con patente falsa está mal. Robado en Buenos Aires, trasladado a La Rioja, encontrado cuando estaba en una concesionaria de Villa Dolores con patente, cédula y chasis adulterados, ese auto fue secuestrado por un juzgado provincial de Villa Dolores, que lo pasó al Tribunal Superior. Los pedidos que hizo el juzgado de Morón (provincia de Buenos Aires) para que le devolvieran el auto robado porque en ahí se tramitaba la causa original del robo fueron desoídos. En noviembre de 2019, el Tribunal Superior le asignó el auto a la Legislatura en una gestión que hizo personalmente González, que se lo terminó quedando para él en su condición de presidente provisorio. Pero el Juzgado de Villa Dolores se declaró incompetente para investigar la adulteración en diciembre de 2021, sin haber avanzado nada en la investigación. En marzo de 2021, el caso recayó en el Juzgado Federal 2 de Córdoba. Al pasar de fuero la causa, todos los objetos secuestrados también cambian de jurisdicción. Pero eso no ocurrió. El Tribunal Superior dice que es porque el fiscal federal Carlos Casas Nóblega, que también tiene relaciones en Villa Dolores, no le pidió el auto a la Legislatura. En la Justicia Federal sostienen que debió ser el Tribunal Superior el que recuperase el auto y lo pasase. Más allá de ese limbo judicial y batalla entre dos jurisdicciones, al menos desde marzo González no debió haber usado ese vehículo que estaba fuera de la ley por dónde se lo mire. Ya hay una causa abierta al respecto.
* Internas e interrogantes en el Tribunal Superior. La ley 8.550 para entregar autos secuestrados en causas judiciales a organismos públicos o entidades de bien público surgió en 1996, gestión de Ramón Mestre padre, a partir de que se dieron de baja en la emergencia provincial muchos vehículos oficiales que constituían un dispendio de gasto público. La norma nacida como una señal de austeridad se transformó en un ejemplo de discrecionalidad, que se decía querer combatir. Es que la amplia mayoría de estos vehículos va a parar a manos de organismos oficiales pero para el uso de los funcionarios de más alto rango. Y los de alta gama todos parecen tener nombre y apellido, más allá de cumplir con algunas formalidades que indica la ley. Tal es la discrecionalidad que González tenía cuatro a su disposición. Cualquier entidad no oficial que quiera conseguir un auto de esos debe hacer largos y engorrosos trámites. A los funcionarios del poder político se los dan en días. Es que el Tribunal Superior ha usado la entrega de los autos judicializados como una parte de las negociaciones con el poder. Están tan comprometidos por el manejo discrecional que se ha desatado una puja en el seno del propio alto cuerpo judicial, que quedó evidenciada en los señalamientos que hicieron voceros informales del presidente del Tribunal Superior, Sebastián López Peña, hacia la vocal Aída Tarditti.
* Operador judicial. González tenía todos los cargos mencionados y es además integrante del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (Jury). En las notas que presentó este sábado pidiendo licencia a la banca y renunciando a la presidencia provisoria, no aclaró si seguirá siendo parte del organismo que evalúa la conducta de los jueces. Fue uno de los varios operadores judiciales con los cuales el poder político ha negociado diversas cuestiones con el judicial, en una provincia que no se ha caracterizado por la independencia entre ambos poderes.
* Infractor serial y carnets sin control. Surgió también que el legislador González ha cometido todo tipo de infracciones de tránsito. Hasta el abuso de cometer casi a diario violaciones a las normas municipales con su BMW X1 con chapa adulterada. Hace menos de un mes, había embestido a una persona en monopatín a la salida de la Legislatura. Pero seguía teniendo licencia de conducir. Eso sí, emitida por una comuna, la de Las Tapias, que no está adherida a los registros nacional y provincial, que es gobernada por una dirigente que responde a González y que promociona la entrega de licencias como quien reparte galletitas. La Provincia venía analizando cómo obligar a los 139 municipios y comunas que no están en el registro para que adhiera. Pero el accidente de González, llevó al director nacional de Seguridad Vial a reclamar un cambio urgente en las leyes cordobesas para que se acabe el festival de licencias.
* Legislatura y prebendas. González ya se corrió del sitial de número dos de la Unicameral y es probable que no regrese a la banca. Pero su escándalo permitió conocer que hay nueve vehículos de alta gama judicializados entregados al cuerpo, cuatro de ellos para González. Del resto de los legisladores, los únicos que anunciaron que lo devolverán son Darío Capitani (PRO) y Juan Jure (UCR). Para los otros está bien tener ese tipo de vehículo paraoficial. Pero lo que disponen todos los legisladores es una partida para gastos de combustibles, lubricantes y hasta lavado de sus vehículos. En el caso de González, no sólo tenía cuatro vehículos sino que el mes pasado le entregaron unos 65 mil pesos en concepto de nafta, gasoil, lubricantes, lavado y taxi. Sí, taxi. No habrán estado disponibles los otros autos.
* La causa judicial por el accidente. La fiscal de Villa Cura Brochero, Analía Gallarato, imputó por homicidio culposo agravado y lesiones graves culposas. Los abogados de las víctimas pretendían homicidio por dolo eventual, lo que parece muy complejo por cómo están redactadas las leyes. Hasta acá, se sabe que el auto de González es el que se cambió de carril. Pero faltan los detalles respecto a velocidad, maniobras, que servirán como atenuantes o agravantes en el caso. Hay una enorme lupa sobre lo que hará la fiscal. Desde el poder político ya le avisaron que relativice y ponga en contexto testimonios como el misterioso camionero que dice haber visto al Renault Sandero cruzarse de carril.
* Causas que pueden activarse. Ya hemos citado cómo se están abriendo o pueden abrirse causas conexas al siniestro, como el derrotero del BMX X1 o los bolsos. Ahora bien, hay que seguir el desarrollo de otros casos judiciales que nada tienen que ver con este choque. En marzo de este año fue detenido el entonces presidente de la Cemdo, Roberto Clavero, estrecho colaborador de González, por el abuso sexual reiterado durante varios años contra la hija de su pareja, que también está imputada. La víctima denunció los hechos en 2005. Pasaron 17 años sin que la Justicia de Villa Dolores actuase sobre Clavero. La presión social de las marchas denunciando una cobertura política para que tuviese impunidad fue lo que logró que el caso avance y esté ahora elevado a juicio. La trama de ese posible encubrimiento podría ahora develarse.
