Mediante un decreto el Gobierno nacional modificó la Ley Nacional de Turismo (25997) que disuelve tanto el Comité Interministerial de Facilitación Turística y cómo el Comité Interministerial de Facilitación Turística, cuya función era coordinar acciones integradas en todo el país.
De este modo se reducirán los gastos en las actividades turísticas, ya sean de atención, promoción o inversión y serán las provincias y los municipios quienes pueden ejercer este rol.
Por otra parte, se quita la función estatal de elaboración de plan de inversiones y obras públicas turísticas, como la fijación de tarifas y precios de los servicios de turismo social. En cuanto a la capacitación, el cambio radica en usar “propiciar” en lugar de “fomentar”.
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Asimismo, el decreto exime al Estado de llevar adelante obras para fomentar el turismo o emprendimientos de interés turístico. También de otorgar créditos, subvenciones o equipamiento para llevar adelante acciones referidas al sector.
Vale señalar que el Estado ya no tendrá el rol de generar beneficios crediticios, impositivos y tributarios a la actividad turística y, según el decreto, se invita a que las provincias tomen esta obligación.
