Las cárceles de Córdoba están en una situación límite, tanto por el desborde en la cantidad de presos como por los extendidos hechos de delincuencia que se vienen cometiendo desde los establecimientos penitenciarios cordobeses.
Después del alto impacto del informe de hace dos semanas en El Doce sobre cómo opera todo el sistema criminal en la cárcel de Bouwer, el Gobierno provincial aceleró algunos anuncios, como el que hizo el gobernador Martín Llaryora de un nuevo pabellón de máxima seguridad, que ya ha sido prometido en varias ocasiones.
Ahora, la idea es declarar la emergencia en las cárceles cordobesas. Es tal la premura que el oficialismo quiere que la Legislatura sesione el lunes, un día muy poco habitual para las deliberaciones de la Unicameral.
Según reveló Roberto Battaglino en Arriba Córdoba, el proyecto para declarar la emergencia es escueto, de sólo seis artículos.
Se adhiere a la emergencia nacional penitenciaria, se pone un plazo de tres años y se reclama al Gobierno nacional la construcción de una cárcel para presos federales, además de actualizar los aportes de la administración central para los reclusos que están bajo su jurisdicción.
Además se eliminan requisitos de escalafón para cubrir cargos jerárquicos en el Servicio Penitenciario.
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Y la clave es que se faculta al Ministerio de Justicia a realizar “las acciones necesarias para solucionar situaciones extraordinarias o urgentes que requieran el auxilio y/o intervención del Estado Provincial, en el área de su competencia”.
Algunas de las cuestiones que se analizan son la posibilidad de alojar juntos a condenados y procesados, facilitar traslados entre distintos establecimientos penitenciarios, agilizar las obras de ampliación en las cárceles, entre otras cuestiones.
