Senadores opositores le dieron un revés al Gobierno al dar de baja los decretos de facultades delegadas al Poder Ejecutivo, que ya habían sido rechazados en Diputados y por lo tanto perderán vigencia. También se anuló un DNU relacionado con la Marina Mercante, cuestionado por cambios en torno al derecho a huelga y la definición de servicio esencial.
Dentro de los decretos de facultades delegadas están los que le permitieron a Javier Milei con la modificación del Banco Nacional de Datos Genéticos, la disolución de Vialidad Nacional, la eliminación de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y las modificaciones en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
En paralelo, los senadores comenzaron a tratar dos iniciativas con media sanción de la Cámara baja: el financiamiento de las universidades públicas y la emergencia sanitaria pediátrica.
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El primer proyecto apunta a garantizar el presupuesto de las universidades nacionales. La propuesta contempla la actualización de salarios docentes y no docentes en línea con la inflación medida por el Indec, además de la convocatoria obligatoria a paritarias cada tres meses.
La segunda iniciativa establece la asignación prioritaria de recursos para medicamentos, insumos críticos, infraestructura y personal esencial destinado a la atención pediátrica, con el Hospital Garrahan como emblema del reclamo. Además, prevé la recomposición salarial del personal de salud y residentes, con una cláusula que asegura recuperar el poder adquisitivo perdido desde noviembre de 2023, y exime del pago de Ganancias a quienes realizan horas extras o guardias críticas.
