La discusión sobre la reforma laboral vuelve a ocupar el centro de la agenda política. El mercado de trabajo argentino cambió por completo y lo hizo al margen de cualquier ley, explicó la especialista Laura González en Telenoche. En ese escenario, el Gobierno prepara una reforma formal que buscará ser presentada en diciembre, en el marco del Consejo de Mayo.
Los números muestran un país partido en dos. En Argentina, 22 millones de personas están en edad de trabajar y efectivamente trabajan. Pero solo una parte accede a los derechos que históricamente definieron el empleo formal. Hoy, casi la mitad de la fuerza laboral está por fuera de ese esquema.
Del total, 3,8 millones son empleados del sector público —nacionales, provinciales y municipales—. Tienen estabilidad, licencias, vacaciones, obra social, aportes jubilatorios e indemnización. Otros 6 millones se desempeñan en el sector privado en relación de dependencia, o como trabajadores de casas particulares. Gozan de casi los mismos derechos, excepto la estabilidad. Ese número, además, se mantiene prácticamente igual desde hace dos décadas, pese a que la población creció un 14%.
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Un tercer grupo lo integran autónomos y monotributistas: trabajan en blanco, pagan altos aportes y hasta ganancias en algunos casos. Pero no tienen vacaciones, licencias, indemnización ni estabilidad. La mayoría accede a pocas obras sociales y se jubilará con el haber mínimo, pese a los elevados pagos mensuales que realizan.}
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El bloque más grande —y más vulnerable— lo componen 8 millones de cuentapropistas y asalariados informales. No tienen obra social, aportes, vacaciones, indemnización, feriados ni recibo de sueldo. Esto implica consecuencias diarias: no pueden sacar tarjetas de crédito, pedir un préstamo o acceder a un crédito hipotecario, porque carecen de documentación que certifique ingresos estables.
El resultado, afirmó González, es un mercado laboral profundamente desigual, diseñado en los años 70 para una economía en la que casi todos estaban en relación de dependencia. “Es un colectivo pensado para que subieran todos, pero hoy la mitad ni siquiera llega a la parada”, advirtió.
Con este diagnóstico, el Gobierno busca avanzar en una reforma que formalice, ordene y redefina derechos, en un país donde la informalidad ya transformó los hechos antes que las leyes, explicó el informe.
