La polémica por el freno de la licitación para la compra de drones para la Policía de Córdoba sumó este miércoles un nuevo capítulo. Tras la denuncia penal presentada por el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, la Justicia ordenó un allanamiento en el Tribunal de Cuentas de la Provincia.
El operativo se realizó por disposición del fiscal Tomás Casas y tuvo lugar en la sede del organismo ubicada en Rivera Indarte al 33, en el marco de la causa que investiga el freno impuesto por el juecismo a la licitación impulsada por el Gobierno provincial.
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Luego del allanamiento, el presidente del Tribunal de Cuentas, Beltrán Corvalán, habló con Noticiero Doce y expresó su sorpresa por la medida judicial. “Nos llama la atención porque el Tribunal de Cuentas cuenta con inmunidades. Nos requieren información respecto a la compra por más de 7 millones de dólares de drones y este expediente no está en el Tribunal hace más de un mes”, afirmó.
En ese sentido, sostuvo que el procedimiento tiene un trasfondo político: “Creemos que se trata de un avasallamiento contra otro poder del Estado para que no sigamos con las investigaciones”.
Corvalán remarcó además el carácter inédito del hecho. “Hace 150 años que está el Tribunal y es la primera vez en la historia que pasa esto. Nos llama la atención, nos están intentando amedrentar. Pero vamos a seguir controlando porque es un deber constitucional que tenemos”, aseguró.
El titular del organismo insistió en que no se trata de una oposición a la compra de tecnología. “No entendemos el allanamiento y por eso creemos que es un apriete contra el Tribunal. Nosotros vamos a seguir actuando, no nos vamos a dejar apretar”, dijo. Y aclaró: “No estamos en contra de la compra de drones, solo que tienen que hacerlo según lo que establece la Ley. Hemos sido claros: compren lo que quieran, pero respeten la ley”.
El trasfondo político del conflicto
El freno a la licitación generó un fuerte malestar en el oficialismo provincial. Según comunicó el Gobierno de Córdoba, la denuncia de Quinteros busca que se investigue si el Tribunal de Cuentas se extralimitó en sus funciones, al fundamentar su decisión en criterios de oportunidad o conveniencia y no en el control legal que le corresponde.
El propio gobernador Martín Llaryora se había pronunciado con dureza sobre el tema: “Hacer política partidaria con la seguridad es jugar con la vida de los cordobeses”, afirmó. La respuesta no tardó en llegar desde el juecismo. El senador Luis Juez replicó en la red social X: “No se equivoque, señor gobernador: lo que el Tribunal de Cuentas le ha observado es una licitación hecha como un traje a medida”.
