En mayo la Municipalidad de Córdoba reglamentó la ordenanza 13.321 que regula la tenencia de perros potencialmente peligrosos. Este jueves, apenas tres meses después, el Concejo Deliberante oficializó una serie de modificaciones a la misma normativa.
Entre un hecho y el otro Trinidad Ballesteros perdió la vida. La adolescente fue asesinada por dos dogos argentinos en barrio Estación Flores el 9 de julio. En honor a la víctima fatal, los concejales llamaron al proyecto presentado “Ordenanza Trinidad”.
El despacho fue aprobado de manera unánime en una sesión en la que participaron familiares de la menor que murió atacada por perros. “Es un momento muy emocionante, saber que este proyecto salió adelante para que no haya más muertes”, dijo Sofia Ballesteros, madre de Trinidad, a La Voz.
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Los principales puntos
En términos generales, los cambios introducidos a la normativa establecen más requisitos para la tenencia de las 14 razas de perros catalogadas como “potencialmente peligrosas” y endurecen las sanciones por su incumplimiento. Al mismo tiempo, plantea nuevas responsabilidades tanto para los criaderos que los comercialicen como para los veterinarios que los atienden.
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En primer término, aquellos que tengan una de estas mascotas a su nombre deberán contar con una licencia especial y pagar un seguro de responsabilidad civil. Además tendrán que contar con los siguientes certificados:
- Apto psicofísico.
- Capacitación de “tenencia responsables de animales de compañía y potencialmente peligrosos”.
- Certificado expedido por veterinario matriculado respecto al plan sanitario del animal.
Todos los canes dentro de este grupo que tengan más de seis meses deberán estar castrados. Hasta entonces, sus dueños deben tramitar un “acta de compromiso del sistema de identificación y procedimiento de castración del animal”. Los únicos exceptuados serán los criaderos habilitados.
A esto se suman aspectos que ya estaban vigentes, como la obligatoriedad del registro de los perros en la app Huella Animal, la colocación de un microchip subcutáneo que permita su identificación electrónica y la colocación de cercados de al menos de dos metros de altura en la vivienda donde estén alojados.
Quienes incumplan estos aspectos serán sancionados con multas que oscilarán entre las 50 y 250 Unidades Económicas Municipales. Al día de hoy, eso equivaldría a entre $118 mil y $590 mil.
Responsabilidad de criaderos y veterinarios
Los únicos habilitados para vender perros de este tipo serán los criaderos que se inscriban como establecimientos comerciales. También queda “prohibida la comercialización de animales en vías y espacios públicos dentro del ejido municipal”.
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Los vendedores deberán llevar un registro detallado de la cantidad de animales que tengan y comunicarlo a la Municipalidad cada 60 días. A su vez, tendrán que contar de manera obligatoria con el asesoramiento de un veterinario matriculado.
Las mascotas no se podrán entregar a sus dueños si no se encuentran anotados e individualizados ni sin un certificado de salud.
Por su parte, tanto los veterinarios que trabajen para criaderos como aquellos que atiendan de manera particular a perros potencialmente peligrosos estarán obligados notificar a las autoridades cuando sepan de uno de estos animales que no esté registrado.
“La inobservancia a esta obligación hará solidariamente responsable a los profesionales tratantes y al titular del establecimiento involucrado, aplicándose la sanción prevista en la normativa vigente”, remarca el despacho aprobado.
Polémica y discrepancias
Semanas atrás, cuando se conoció el proyecto de ordenanza, ElDoce.tv consultó a veterinarios, criadores y rescatistas para conocer su opinión sobre la iniciativa.
En ese contexto Omar Robotti, especialista en comportamiento canino y presidente del tribunal de disciplina de Colegio Veterinario de Córdoba, señaló que no está comprobado que la castración baje el nivel de violencia de los animales. “Si su fin es el control poblacional de las razas es una medida muy útil. Pero si lo que se busca es bajar el nivel de agresión de algunos animales, se está sobreestimando”, comentó.
En esa línea, también se mostró en contra de la tipificación establecida. Señaló que la potencialidad de peligrosidad no depende solo de la raza sino también de las “condiciones comportamentales” y del “entorno”.
Antonio Nores y Ulises D’andrea Nores, ambos criaderos de dogos argentinos, sostuvieron que la categorización estigmatiza al enumerar sólo a 14 razas y sus mestizos. “La nueva ordenanza no va a servir para disminuir la accidentología canina, es tapar el sol con un dedo porque deja afuera al 90% de los perros que generan lesiones, que son los mestizos que pesan más de 25 kilos”, enfatizó en su momento D’andrea.
Al respecto la concejal Valeria Bustamante, de Hacemos por Córdoba, negó esto último y sostuvo que el objetivo de la normativa es educar. “El deber debe ser velar por la vida de las personas”, afirmó.
