La mira sobre la noche cordobesa volvió a quedar puesta en los controles municipales después del femicidio de Agostina Vega y de las denuncias alrededor de Wachitas Bar. En ese contexto, el Ente de Fiscalización y Control defendió ante el Concejo Deliberante su actuación y habló de una lucha desigual “contra mafias” instaladas desde hace años en ese rubro.
La exposición estuvo a cargo de Ezequiel Hormaeche, titular del organismo, ante la Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes. La reunión se extendió durante siete horas y contó con la presencia de una veintena de concejales.
Sobre Wachitas, Hormaeche repasó el historial del emprendimiento y puso el foco en el origen administrativo del permiso. Según sostuvo, el local estuvo “mal habilitado en 2017” porque en ese momento no se le habrían exigido requisitos esenciales.
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El funcionario remarcó que la actual gestión revocó la habilitación a principios de junio, después de tres clausuras previas. Aseguró que el cierre no estuvo vinculado a la causa penal por el femicidio de Agostina Vega, sino a cambios en las condiciones edilicias y de actividad del local.
“No recibimos ninguna denuncia. Teníamos agendada una inspección para 15 días más adelante, pero la anticipamos al 2 de junio porque escuchamos el nombre de ese bar en los medios. Es más, llegamos al lugar antes que la Justicia, a la cual pusimos a disposición todo el expediente municipal”, señaló.
+ VIDEO: la palabra de Hormaeche:
Consultado sobre si desde la Municipalidad desconocían supuestos casos de trata de personas en Wachitas, Hormaeche fue categórico: “Totalmente, no tenemos ni denuncias. De hecho, en este lugar tenemos en los últimos tres años una denuncia por ruidos molestos y sin embargo tenemos tres clausuras”.
En esa línea, remarcó que cuando el Ente tuvo conocimiento de posibles delitos en otros locales hizo las presentaciones correspondientes. “En los lugares donde se tuvo conocimiento que había trata, que había drogas, que había otro tipo de actividades ilícitas que no son materia de esta Municipalidad se hicieron las denuncias pertinentes desde Fiscalización y Control impulsadas por el intendente”, expresó.
Defendió la tarea del Ente
Hormaeche también defendió el trabajo del área y afirmó que los controles se multiplicaron. “Fiscalización y Control hacía promedio de entre 70 y 90 actas de clausura anuales, hoy estamos hablando de 700. Entonces no me preocupa la cantidad de recurso humano, me preocupa que el que trabaje en Fiscalización y Control sea honesto”, indicó.
El titular del Ente dijo que el organismo enfrenta estructuras consolidadas desde hace años en el negocio de la noche. En ese marco, aseguró que sufrió agresiones, amenazas personales y un boicot de sectores internos que no aceptaron sumarse a la nueva estructura.
“Creo que se ha avanzado como nunca en los últimos 20 años, es histórico el avance y no solo los números de clausura sino las denuncias que se han realizado en la Justicia ordinaria”, sostuvo. Además, destacó que esta gestión y la anterior impulsaron medidas contra inspectores exonerados, sumariados, allanados o puestos a disposición judicial.
Ante el planteo de qué hubiera ocurrido con Wachitas si no se conocía el caso de Agostina, Hormaeche respondió que la revocación también iba a llegar. “Hubiera pasado 15 días después la revocación de Wachitas porque en el marco de la revisión anual de los certificados de higiene y seguridad en donde se hace una revisión completa se revisaban todos los bares”, indicó.
“Esta gestión es la que revocó, la que en la nueva habilitación clausuró tres veces y la que renovó la habilitación. Clausuró, corrigió y revocó la habilitación. No es la habilitación que se le otorgó en 2017, mal otorgada, en donde no se le exigieron requisitos esenciales”, cerró.
Durante la reunión también se analizaron los casos de Malibú y Luzbelito, otros locales clausurados. Según se informó, el primero tenía habilitación pero no cumplía condiciones de higiene y seguridad, mientras que el segundo está habilitado como bar, aunque podría perder el permiso si no cumple las exigencias municipales.