Mientras los ciudadanos comunes viven con la angustia permanente de un posible arresto si incumplen las severas restricciones del aislamiento social obligatorio, miles de delincuentes disfrutan de una temprana oportunidad de reinserción, sin barrotes o muros que los limiten.
Es la brutal paradoja del momento.
Las cárceles argentinas comenzaron a despoblarse lentamente meses antes de la irrupción de la pandemia.
Las cárceles argentinas comenzaron a despoblarse lentamente meses antes de la irrupción de la pandemia.
Influyeron mucho actores de la nueva coalición de gobierno que muestran indulgencia con los delincuentes y critican hasta la propia noción de recluir a quienes transgreden las normas.
Y esa frecuencia, tan empática con los victimarios como distante con las víctimas de delitos, también es sintonizada por muchos integrantes de la burocracia judicial.
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Pero a partir de mediados de marzo, la salida de presos se aceleró vertiginosamente. El epicentro de esta ola de mudanzas autorizadas a saltear la cuarentena fue la provincia de Buenos Aires, con liberaciones otorgadas al por mayor.
En Córdoba
Sin embargo, la tendencia es nacional. Por ejemplo, en todas las prisiones ubicadas en el territorio de la provincia de Córdoba, el 17 de marzo pasado había 10.242 internos. El 30 de abril, apenas seis semanas más tarde, eran 9.687. Son 555 presos presos menos, una reducción del 5,5 por ciento de la población carcerlaria.
El número de beneficiados con excarcelaciones o prisiones domiciliarias es mayor, ya que hay que computar que en este período hubo algunos nuevos presos, entre los cuales hay, irónicamente, recluidos por violar la cuarentena.
El perfil de quienes dejan las cárceles es muy variado. Hay personalidades de notoriedad pública, como los sindicalistas Mauricio Saillen y Pascual Catrambone, liberados bajo fianza por un resonante fallo que aludió al contexto de pandemia.
Según la resolución, el coronavirus no constituía para los líderes gremiales una amenaza, sino que ellos habrían dejado de representarla para el avance del expediente, en el que continúan procesados por lavado de activos y asociación ilícita, entre otros delitos.
Entre quienes abandonaron los establecimientos penitenciarios también hay menos célebres asaltantes, homicidas, estafadores o abusadores, como el vecino de San Francisco condenado hace apenas 13 meses por violar a su hija.
La jueza que dispuso su prisión domiciliaria, y que ahora enfrentará un pedido de destitución, ponderó que se trata de un hombre de más de 60 años, con patologías previas. En su resolución, como en la mayoría de las que disponen de beneficios a los presos, no parecen contemplar los intereses de las víctimas.
La resolución de la jueza de San Francisco que liberó a un violador no contempla los intereses de las víctimas.
Sin plan
Las salidas de las cárceles de Córdoba se habrían acumulado mayormente sin coordinación política, sin un plan maestro detrás, como el que sí existe en Buenos Aires, diseñado por funcionarios alineados con la vicepresidenta Cristina Kirchner, preocupados por los intereses de los presos en general, y de algunos internos con cierto sesgo político en particular.
En ese contexto se entienden los vaivenes discursivos del Gobierno nacional que incluyó un aval presidencial a las excarcelaciones, la negación del fenómeno, la denuncia de una "campaña mediática" y, finalmente, la aceptación del enojo social a través de la ministra de Justicia, Marcela Losardo.
Contorsiones obligadas por el difícil equilibrio dentro de una heterogénea coalición donde conviven quienes parecen ver siempre al delincuente como víctima y posiciones más cercanas a la llamada "mano dura", como la que expresa el ministro de Seguridad bonaerense, el exmilitar Sergio Berni.
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El proceso de disminución poblacional de las cárceles, fundamentado por algunos funcionarios en la necesidad de preservar la salud de los presos, está lejos de haberse completado aún.
Todavía quedan por responder miles de pedidos de excarcelaciones.
El fenómeno sí existe, abundan las evidencias. Hay estadísticas que lo confirman, funcionarios que lo defienden públicamente y, por si esto fuera poco, criminales recién liberados que vuelven a delinquir. Imposible no advertir el movimiento centrífugo desatado en las cárceles argentinas. E imposible no inquietarse por las consecuencias futuras.
Ahora que volvió el estruendo de las cacerolas, y que las encuestas registran un rechazo mayoritario de la sociedad a esta tendencia político-judicial, podría quedar en suspenso.
