La Justicia Federal desestimó la causa en contra de Adolfo Potazcek, en cuya casa de barrio General Bustos se desplegó un operativo de gran magnitud, que en junio de 2024 dejó como saldo más de 50 armas de guerra secuestradas.
En su momento, el caso tomó gran notoriedad pública por la presencia de la primera plana del ministerio de Seguridad, incluidos el titular de la cartera, Juan Pablo Quinteros, y el subjefe de la Policía, Alejandro Mercado, hoy en prisión preventiva dispuesta por el Fiscal de Delitos Complejos, Enrique Gavier.
Con la excusa de estar buscando un celular robado, ingresaron a la vivienda y se toparon con un gran número de armas de fuego, máquinas de recarga de municiones, un chaleco táctico, linternas, cuchillos y hasta una handy de los que usan las fuerzas policiales.
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Las autoridades llegaron a vincular una de las armas largas confiscadas con el violento robo en Nueva Córdoba en febrero de 2018, en el que resultó muerto un oficial de la Policía.
Andrés Paladino, uno de los abogados de Potazcek, dialogó con ElDoce.tv sobre el caso. “Tomamos contacto con Potazcek, quien nos manifestó que ante el Anmac (Agencia Nacional de Materiales Controlados) era legítimo usuario categoría G-2 y nos brindó explicaciones de origen de cada uno de los efectos incautados”, explicó, a la vez que reveló que su cliente intentó contar esto durante el operativo pero no fue escuchado por los policías.

Y agregó: “Las armas estaban registradas, al igual que el resto de los efectos que requieren su inscripción en el Anmac: la categoría G-2 le permitía tener hasta 50 armas, la cuchillería era de producto de la colección de toda una vida, las linternas, chaleco y handie eran de venta libre y habían sido adquiridas vía online”.
Por su parte, Paladino, que llevó la defensa de Potazcek junto al abogado Oscar Zárate, contó que su cliente ni siquiera fue objeto de imputación delictiva y que ha recuperado todos aquellos efectos de su propiedad.
Por último, los abogados no descartan iniciar acciones legales en contra de aquellos que intervinieron en el procedimiento debido a lo que consideran como un “enorme perjuicio causado en la persona de Potazcek”.