¿Podrá Donald Trump ser candidato a la presidencia? El 2024 comenzó en Estados Unidos con la política a la sombra de esa pregunta crucial.
Ocurre que el año anterior concluyó con demandas de inhabilitación en un gran número de estados. En Colorado, la Corte Suprema local invalidó al magnate neoyorquino para participar en las primarias republicanas. La misma decisión tomó el gobierno de Maine. Pero en California se decidió lo contrario. También Michigan y Minnesota decidieron permitirle competir en las primarias, aunque dejando claro que posteriores demandas podrían inhabilitarlo como candidato presidencial en esos estados.
En otros catorce estados se debaten las demandas presentadas a favor y en contra de la postulación de Trump y todo parece indicar que la cuestión terminará dirimiéndose en la Corte Suprema. El dictamen del máximo tribunal federal de Estados Unidos decidirá si el ex presidente puede o no competir en las elecciones presidenciales de noviembre.
¿En torno a qué se dividen las bibliotecas jurídicas norteamericanas? Al alcance y la significación que tiene la sección 3 de la Decimocuarta Enmienda constitucional, incluida en la carta magna al concluir la Guerra de Secesión. Esa enmienda prohíbe a quienes hayan tenido responsabilidad en la rebelión secesionista de los estados sureños que detonó aquel conflicto decimonónico, ser electores, legisladores, gobernadores, entre otros cargos públicos, por haberse levantado en insurrección contra el estado norteamericano y su constitución.
Los que quieren que Trump compita por la presidencia señalan que la enmienda establecida en 1866 no hace referencia al cargo de presidente. Los que objetan su postulación señalan lo evidente: si el delito de insurrección inhabilita para ser elector, para gobernar cualquiera de los estados norteamericanos o estar en sus legislaturas y en el congreso nacional, resulta absurdo interpretar que sí habilita al insurrecto a ser presidente. La lógica institucional y jurídica señala que si un delito inhabilita a alguien para gobernar un estado, legislar y votar en el colegio electoral a gobernadores y presidentes, también lo inhabilita para ser presidente.
La lógica contraria se basa en los requisitos que plantea la Constitución, entre los que no figura ninguno que inhabilite incluso a un convicto a ser candidato. De hecho, en 1920 Eugene Debs, estando en la prisión de Woodostok, compitió por la presidencia de Estados Unidos como candidato del Partido Socialista. También fue candidato a presidente Lyndon LaRouche en 1992, estando en la prisión federal de Minnesota por evasión fiscal.
Lo que tuvieron en común el socialista Debs y el políticamente indescifrable LaRouche es que no tenían posibilidad alguna de imponerse en las urnas. Tal vez por eso no hubo impugnaciones contra sus candidaturas.
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Por el contrario, Trump es el seguro ganador de las primarias republicanas y tiene chances serias de imponerse en las elecciones presidenciales. Por eso su caso genera el intenso debate que inaugura políticamente el 2024. Y el caso Trump plantea dos preguntas claves: ¿puede alguien que ha atentado contra la Constitución y las instituciones, ser presidente de Estados Unidos?
Si la respuesta es “No”, la siguiente pregunta es ¿atentó Donald Trump contra la Constitución y contra las instituciones de Estados Unidos?
La respuesta al segundo interrogante surge de lo que estuvo a la vista los días del escrutinio y el trágico 6 de enero del 2021. Y lo que estuvo a la vista fueron las presiones del entonces presidente a los gobiernos de varios estados, para que alteren el resultado electoral. El secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, un conservador trumpista, grabo y difundió públicamente el llamado telefónico en el que Trump lo presiona para que agregue los más de once mil votos que le faltaban para quedarse con los electores de ese estado sureño.
Estuvo a la vista que nunca reconoció la derrota y también todo lo que hizo y dijo el día que las turbas trumpistas asaltaron violentamente el Capitolio, dejando cinco muertos. Al comenzar el día de la certificación legislativa del triunfo de Biden, el entonces presidente insinuó que “algo” muy fuerte ocurriría. Después, el país y el mundo lo vieron guardar silencio cuando los violentos manifestantes ingresaron por la fuerza al edificio del Congreso. Previamente, había exhortado a confluir sobre el Capitolio para impedir el trámite legislativo que impone la ley.
Cuando la violencia se apoderó del histórico edificio, Trump tuvo expresiones confusas que se parecían más a una instigación que a un reclamo de que detengan esa acción abiertamente insurreccional. El presidente señaló a su vicepresidente Mike Pence para convertirlo en blanco de la ira de los atacantes, porque se negó a cumplir con su pedido de impedir la certificación del resultado electoral.
Todo eso no ocurrió entre bastidores, sino a la vista de todos. Basta repasar lo que hizo y dijo públicamente Trump, para ver su participación en la conspiración insurreccional para destruir el proceso electoral en el que fue derrotado por el candidato demócrata. Es el sentido común el que acusa al magnate neoyorquino. Si nunca antes se aplicó a un presidente la sección 3 de la Decimocuarta Enmienda, es porque nunca antes un presidente había atentado contra las instituciones y contra la constitución.
Por eso es posible que la Corte Suprema federal inhabilite la candidatura de Trump. Si no lo hace, serán muchos los que explicarán tal decisión en el desbalance que provocó el mismo Trump al nombrar jueces supremos conservadores, rompiendo el equilibrio tradicional de su composición.
Pero si el más fuerte de los aspirantes conservadores a la Casa Blanca queda afuera de la contienda, se plantea otra pregunta crucial debido a la cantidad de organizaciones de extrema derecha y agrupaciones que van desde el racismo hasta el armamentismo irrestricto, que apoyan a Trump con fanatismo: ¿podrá evitarse que estalle la violencia política en los Estados Unidos? ¿o denunciando la “proscripción” de su líder, los ultraconservadores se levantarán contra el gobierno federal y contra el establishment a los que siempre han acusado de ser anti-americanos”.